Fiscalía indaga extorsión en asesinato de mineros en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía realiza una investigación “mucho más profunda” sobre el asesinato de cinco trabajadores vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, Sinaloa, y señaló que no se descarta la extorsión como posible móvil.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que si bien existen declaraciones iniciales de personas detenidas, la indagatoria no se limitará a esa versión. El martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que, según testimonios de los detenidos, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal conocido como “Los Mayos”.

Sheinbaum precisó que esa hipótesis proviene exclusivamente de declaraciones ministeriales y no es concluyente. “No solamente se le va a creer al detenido”, subrayó, al insistir en que corresponde a la Fiscalía determinar con rigor la causa del crimen.

Investigación integral

Además de esclarecer el móvil, la presidenta indicó que las autoridades revisan las condiciones laborales de las víctimas y posibles responsabilidades empresariales. La indagatoria incluye entrevistas con familiares, otros trabajadores y representantes del sector minero.

Cinco trabajadores fueron asesinados y otros cinco permanecen desaparecidos. El caso ocurrió en una zona minera de Concordia, un municipio que en los últimos años ha registrado disputas entre grupos delictivos por el control territorial.

La mandataria señaló que también se establecerá diálogo con la industria para evaluar riesgos de seguridad y determinar si existen patrones de extorsión que afecten la actividad productiva. Recordó que el gobierno federal mantiene una estrategia nacional contra la extorsión, delito que recientemente fue reforzado con modificaciones legales para perseguirse de oficio.

El caso coloca nuevamente bajo análisis la seguridad en regiones mineras de Sinaloa, donde convergen intereses económicos y presencia de organizaciones criminales, y obliga a revisar tanto la protección a trabajadores como los protocolos empresariales en zonas de alto riesgo.