Por Oliver García
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que su Fábrica de Inteligencia Artificial ya opera y que 20 especialistas desarrollaron este año modelos para atención ciudadana, aduanas, detección de facturas y patentes. Lo que todavía no se conoce es cómo se vigilan esos algoritmos.
La Fábrica de Inteligencia Artificial del gobierno ya produce modelos para aduanas y facturas. Falta saber quién los revisa.
La ATDT anunció el 1 de octubre que puso en operación su Fábrica de Inteligencia Artificial, un equipo de tecnólogos dedicado a desarrollar modelos para servicios públicos. Según la agencia, durante 2026 un grupo de 20 especialistas trabajó en tres ejes: atención ciudadana, modelos de riesgo y automatización de procesos.
En el primero aparecen la Ventanilla 24/7, el asistente de gob.mx que orienta sobre trámites federales, y el chatbot del portal Visit Mexico, que sugiere experiencias de viaje. En el segundo, modelos de riesgo aplicados en aduanas y en la detección de facturas. En el tercero, una herramienta para agilizar la asignación de patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el nuevo semáforo aduanal.
Del chat de trámites al semáforo aduanal
La Ventanilla 24/7, lanzada en enero, combina IA generativa con búsqueda semántica para identificar el trámite que la persona describe con sus propias palabras, y permite pedir en cualquier momento la atención de un asesor del 079. En la glosa de su informe, presentada el 24 de septiembre en Palacio Nacional, el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, reportó que más de 13 mil personas usan el chat cada día y que la ventanilla suma alrededor de dos millones de atenciones. Como con cualquier asistente, conviene
cuidar qué datos personales se comparten.
Los usos más delicados están en el eje de riesgo. La Agencia Nacional de Aduanas de México ha explicado ante el sector logístico que su nuevo modelo de gestión combina el semáforo, equipos de revisión no intrusiva y modelos analíticos que ponderan operador, mercancía, ruta, origen, destino y antecedentes comerciales para generar perfiles de riesgo. En el terreno fiscal, Peña Merino incluyó en su glosa un modelo para detectar factureras, las empresas que venden comprobantes de operaciones que nunca ocurrieron.
El objetivo es razonable. La evasión con facturas falsas y el contrabando son problemas viejos, y concentrar las revisiones donde hay más riesgo puede ahorrar tiempo a quien cumple. Pero el mismo argumento obliga a explicar cómo decide la máquina.
La Fábrica de Inteligencia Artificial y sus pendientes
La ATDT presenta la Fábrica como parte de su apuesta por la tecnología pública. Su antecesora, la Fábrica de Software, integrada por 300 egresados de universidades públicas, sumaba 279 productos digitales hasta julio, uno cada tres días, y según la agencia generó ahorros por 14 mil millones de pesos al evitar contrataciones privadas. Los desarrollos se ofrecen a estados y municipios mediante el Repositorio Nacional de Tecnología Pública.
Hay preguntas que el comunicado no responde. La primera es de escala: el Plan Nacional de IA que la ATDT presentó en abril describía la Fábrica como un equipo de cien especialistas; el boletín de esta semana habla de 20 que trabajaron durante 2026, sin aclarar la diferencia. La segunda es de método: en lo difundido hasta ahora, la agencia no ha detallado qué modelos utiliza, con qué datos se entrenaron, qué tasas de error tienen ni quién audita sus resultados. Cuando un algoritmo pinta de rojo un embarque o señala a una empresa como posible facturera, esas respuestas importan: un falso positivo puede significar mercancía detenida o una revisión fiscal que no correspondía.
La tercera es legal. México no tiene una ley general de IA que obligue a evaluaciones de impacto o a registrar los sistemas de alto riesgo; esas figuras sólo existen en los borradores que discute el Senado. Por ahora, la rendición de cuentas de estos modelos depende sobre todo de lo que la propia administración decida transparentar, además de las reglas generales de acceso a la información y protección de datos.
Qué sigue
En la misma glosa, la ATDT informó que en octubre iniciará la construcción de la supercomputadora Coatlicue,
un proyecto de 6 mil millones de pesos que multiplicará la capacidad de cómputo del Estado. Con más potencia, la discusión sobre transparencia algorítmica dejará de ser teórica. Una medida sencilla ayudaría: publicar una ficha técnica de cada modelo en el mismo repositorio donde el gobierno comparte su código. «Lo que se hace con dinero público es público», dijo Peña Merino en Palacio Nacional. Si es así, los criterios con que un algoritmo señala a un contribuyente también deberían serlo.
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