Por Juan Pablo Ojeda
En un movimiento sin precedentes, una treintena de expresidentes iberoamericanos ha solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la «captura y detención inmediata» del presidente venezolano Nicolás Maduro, su mano derecha Diosdado Cabello, y toda la cadena de mando del país sudamericano. Esta petición marca un hito en la presión internacional contra el régimen de Maduro, evidenciando una creciente preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana, en nombre de los firmantes, presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la CPI, destacando la gravedad de la situación en Venezuela. Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa.
Pastrana subrayó la singularidad de la iniciativa, resaltando que es la primera vez que 31 exmandatarios se unen para hacer una petición de esta magnitud. En su informe, denunciaron «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos», incluyendo «crímenes de lesa humanidad» cometidos por el régimen venezolano, que acusan de practicar «terrorismo de Estado».
Esta denuncia se añade a la causa abierta contra Venezuela en la CPI desde noviembre de 2021, tras una investigación preliminar iniciada por denuncias de varios países latinoamericanos. Aunque la investigación de la CPI está en curso, aún no se han imputado cargos específicos contra altos funcionarios venezolanos.
El informe presentado se centra en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sancionada el 29 de enero de 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, consolidando su autoridad militar. Según Pastrana, esta ley transforma a Venezuela de un Estado civil en un Estado militar, haciendo a Maduro y a otros altos cargos directamente responsables de las acciones del Ejército y, por ende, de las violaciones de derechos humanos.
Pastrana ofreció la colaboración del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática) para proporcionar pruebas y respaldo legal a la CPI, con el fin de acelerar el proceso judicial contra el régimen de Maduro. También expresó su preocupación por la seguridad de líderes opositores colombianos y los más de 1.200 detenidos políticos en Venezuela.
Esta solicitud de captura y detención refleja una creciente presión internacional sobre el régimen venezolano y destaca la responsabilidad de los líderes políticos en la protección de los derechos humanos y la justicia global.