Exigen presupuesto federal para atención de salud mental y ansiedad
Especialistas denuncian omisión institucional y exigen recursos para garantizar programas de acompañamiento psicológico en México.
Por Bruno Cortés
Especialistas en salud mental y representantes de organizaciones civiles externaron este lunes en la Cámara de Diputados severas críticas ante la persistente omisión presupuestal destinada a la atención integral de la ansiedad y los trastornos psicológicos en México. Durante el foro de análisis convocado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los ponentes señalaron que los recursos asignados actualmente son insuficientes para cubrir la demanda nacional de servicios psiquiátricos.
La falta de rendición de cuentas en la ejecución de los programas de prevención y el estancamiento de las partidas destinadas a la adquisición de medicamentos especializados fueron los ejes centrales de la fiscalización ciudadana presentada ante los legisladores. Según los datos expuestos, menos del 2% del presupuesto total del sector salud se canaliza a la atención de la salud mental, contraviniendo las recomendaciones internacionales emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
Las auditorías informales realizadas por colectivos de profesionales de la salud revelan que una proporción significativa de los recursos etiquetados para hospitales psiquiátricos se desvía hacia gastos operativos generales, dejando descobijadas las áreas de terapia intensiva psicológica y los programas comunitarios de intervención temprana. Esta opacidad administrativa perpetúa un ciclo de abandono institucional hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los legisladores de oposición cuestionaron la efectividad de las campañas gubernamentales de concientización, argumentando que se limitan a llamados discursivos sin un sustento operativo ni infraestructura de seguimiento clínico. «No basta con reconocer la existencia de la crisis de ansiedad; se requiere un marco normativo estricto y fiscalización de fondos que garantice que cada peso llegue a los consultorios y hospitales», declaró uno de los ponentes durante su comparecencia.
La presión ejercida por los gremios médicos busca obligar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar el destino de los fondos federales asignados al combate de trastornos mentales y a establecer indicadores de desempeño obligatorios para las instituciones públicas de salud. La opacidad en la contratación de personal especializado y la escasez crónica de fármacos controlados en farmacias del sector público continúan siendo los principales cuellos de botella denunciados.
Los antecedentes legales de esta discusión apuntan a múltiples iniciativas estancadas en comisiones que buscaban tipificar la salud mental como una prioridad de seguridad nacional, las cuales han encontrado resistencia debido al impacto presupuestal que implicaría su cumplimiento obligatorio. Las organizaciones civiles anunciaron que mantendrán un monitoreo constante sobre las decisiones de asignación de gasto que se discutan en las próximas semanas.
El debate en San Lázaro evidencia la tensión entre las demandas ciudadanas de atención médica integral y las restricciones fiscales impuestas por el Ejecutivo federal, dejando en el centro de la controversia la urgencia de redefinir las prioridades presupuestales del Estado mexicano en materia de bienestar psicológico.
