Enrique Inzunza elude comparecencias en el Congreso tras señalamientos de Nueva York

Por Juan Pablo Ojeda

El senador Enrique Inzunza Cázarez y la coordinación parlamentaria de Morena, encabezada por Ignacio Mier Velazco, acordaron la separación del legislador de los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como respuesta a las acusaciones criminales formuladas por una corte federal de Nueva York. El pacto político permite al senador sinaloense evitar la exposición pública y las interpelaciones de los partidos de oposición, conservando de forma simultánea el fuero constitucional y las prerrogativas financieras del Senado de la República.

La trama judicial que forzó el repliegue del legislador incluye cargos graves por conspiración para el tráfico internacional de fentanilo, cocaína y heroína, así como la supuesta coordinación de un esquema de protección política que involucraba a la Policía Estatal de Sinaloa. La acusación del Departamento de Justicia norteamericano del 29 de abril de 2026 alteró el equilibrio del grupo mayoritario en la cámara alta, detonando reuniones de emergencia en la Junta de Coordinación Política para definir el estatus de la bancada sinaloense.

El mecanismo de pago mediante cheques físicos aprobado por el Senado revela las tensiones operativas entre la UIF y el Poder Legislativo federal. Mientras la unidad de inteligencia hacendaria mantiene congeladas las cuentas de Inzunza, la administración de la cámara diseña rutas alternativas de financiamiento para el legislador, argumentando el cumplimiento estricto del artículo 61 constitucional que protege las dietas de los representantes populares ante medidas administrativas.

Inzunza Cázarez intentó mitigar el impacto político a finales de mayo mediante la solicitud de una licencia exprés que permitió la toma de protesta de su suplente, el arquitecto Omar López Campos. No obstante, la estrategia de sustitución fue revertida de manera inmediata por el propio senador, quien regresó a Sinaloa tras asegurar su inmunidad jurídica, dejando en claro que solo acudirá a las sesiones extraordinarias que convoque el pleno del Congreso.

La negativa del legislador a contratar servicios de representación legal en los Estados Unidos, bajo la premisa de que él mismo asumirá su defensa, tensa los canales de comunicación de la Cancillería mexicana con el Departamento de Estado de EE.UU. La falta de un proceso penal abierto en México impide que las fiscalías locales actúen, dejando al Senado como el único espacio de resguardo material para el político imputado por la justicia neoyorquina.

El bloque de senadores de Morena respaldó de manera unánime la directriz de Ignacio Mier de congelar la participación de Inzunza en las comisiones de receso para evitar que el Senado de la República se transforme en un circo mediático. Esta postura unificó la narrativa del partido oficialista, que califica las acusaciones de las cortes de Nueva York como parte de una campaña de desestabilización externa contra los gobiernos de la izquierda en el norte de México.

El desenlace de la confrontación política se posterga para el 1 de septiembre, fecha límite fijada por la ley orgánica del Congreso para la reincorporación de la totalidad de los legisladores electos. La reaparición de Enrique Inzunza Cázarez en el periodo ordinario de sesiones coincidirá con la discusión de los paquetes de reformas constitucionales, obligando a las fuerzas políticas a definir su postura frente a un senador bajo investigación por delitos de seguridad internacional.