El estudio del IBD destaca la impunidad en la violencia de género por ataques con ácido
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 27 de marzo, 2024.- La violencia de género, en sus múltiples y crueles manifestaciones, sigue siendo un tema de preocupación en México. Una de las formas más devastadoras y, lamentablemente, en aumento, es el ataque con ácido y otras sustancias corrosivas, un acto de violencia que deja secuelas permanentes en las víctimas y simboliza la extrema manifestación del machismo. Un reciente estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), dirigido por la investigadora Irma Kánter Coronel, arroja luz sobre esta problemática y la necesidad de una legislación más efectiva.
Titulado “Violencia de género con ácido: Una de las manifestaciones más crueles del machismo en México”, el estudio evidencia un crecimiento en la visibilidad de estos ataques, impulsada por los casos que han trascendido a la opinión pública y generado una ola de indignación social. Sin embargo, la respuesta legislativa ha sido variada y, en muchos casos, insuficiente.
A pesar de los avances legislativos en algunas regiones del país, 13 estados aún no tipifican como delito las agresiones con sustancias ácidas, dejando un vacío legal que dificulta el acceso a la justicia para las sobrevivientes y la sanción correspondiente para los agresores. En otras siete entidades, estos ataques se consideran un “delito neutro”, ignorando su naturaleza de género.
Por otro lado, estados como Jalisco han avanzado al tipificar las lesiones con ácido como un delito autónomo, mientras que Oaxaca, Puebla, Baja California y la Ciudad de México se destacan por haber adoptado la figura de “violencia ácida” como delito específico, gracias a la promulgación de la Ley Malena.
El primer ataque con ácido registrado en México data de 1988, pero la falta de un registro oficial y cifras concretas sobre estos crímenes complica el entendimiento completo de su alcance y frecuencia. Esta ausencia de datos oficiales no solo invisibiliza a las víctimas sino que también limita la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas efectivas contra esta forma de violencia.
La investigación del IBD subraya la urgencia de unificar criterios legislativos en todo el país para asegurar que las agresiones con ácido sean reconocidas y penalizadas como lo que son: actos violentos de género. Asimismo, recalca la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo y reparación del daño para las víctimas, garantizando su acceso a la justicia y a tratamientos médicos y psicológicos adecuados.
