Diputados buscan cerrar filas para reforzar la vigilancia del dinero público

Por Bruno Cortés

En San Lázaro se vivió uno de esos encuentros donde la política se baja del discurso abstracto y se mete directo a lo que a todos nos importa: cómo se cuida el dinero público. El coordinador de Morena recordó que la Cámara de Diputados es la única, por mandato constitucional, que aprueba el Presupuesto y vigila el uso de los recursos; por eso, insistió en que no debe existir distancia entre el Poder Legislativo y los Órganos Internos de Control, que son los responsables de revisar cómo se gastan los recursos en cada institución autónoma. La idea es simple pero crucial: si la Cámara supervisa, entonces debe trabajar de la mano con quienes vigilan desde dentro.

El legislador recordó que los últimos tres titulares de estos órganos fueron elegidos por unanimidad, algo que no suele ocurrir en un Congreso tan plural. Dijo que llegaron a sus cargos por experiencia y credenciales sólidas, lo que para él demuestra que se ha construido un estándar más profesional en la vigilancia del gasto público. Les agradeció por aceptar la invitación al foro y pidió reunirse con más frecuencia, porque —dicho en corto— la rendición de cuentas no puede ser estacional.

El diputado Javier Herrera Borunda explicó que este encuentro no es un trámite, sino un esfuerzo por crear un espacio vivo, constante y útil donde se compartan metodologías, ideas y buenas prácticas. La lógica es que, si cada órgano autónomo enfrenta problemas distintos pero comparte el mismo deber de transparencia, intercambiar experiencias ayuda a elevar la vara en todos lados. Buscan que estos diálogos no se queden en foto, sino que se conviertan en una rutina institucional.

Entre los participantes, el contralor interno de la Cámara de Diputados explicó que este recinto tiene una peculiaridad: aquí se gastan recursos de manera administrativa, pero también a través de los grupos parlamentarios, lo que complica la auditoría. Por eso se tuvo que fortalecer su marco legal, reorganizar funciones y darle solidez a la figura de “autoridad garante”, que ahora tiene respaldo normativo para operar sin interrupciones.

En el Instituto Nacional Electoral, su titular de control interno contó que recibieron miles de expedientes heredados y lograron abatir el 70%. Con las nuevas reglas de transparencia ya pueden resolver procedimientos y emitir determinaciones con mayor claridad. Dentro del INE, explicó, conviven dos autoridades garantes: una enfocada en partidos políticos y otra en el propio Instituto, lo que vuelve indispensable promover una cultura donde la ciudadanía sepa que tiene derecho a exigir información y a proteger sus datos personales.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su titular dijo que el reto está en equilibrar lo preventivo con lo correctivo: realizan 42 auditorías preventivas al año, pero también procesan responsabilidades y ya han sancionado a casi 90 servidores públicos de alto nivel. Con la reforma constitucional al artículo 6°, la CNDH también se convirtió en autoridad garante, lo que obligó a crear nuevas áreas, actualizar manuales y reorganizar su estructura para cumplir con esta función adicional.

El Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República planteó que compartir información sobre cómo funciona la autoridad garante sería un primer paso para armonizar prácticas. Insistió en revisar y actualizar manuales de procedimientos, porque son la base para que cada órgano actúe con reglas claras. Propuso seguir reuniéndose de forma bimestral para que el intercambio no se diluya.

Desde el Inegi, su titular destacó que han avanzado en la consolidación de su área garante y que ya cuentan con procedimientos robustos que pueden compartirse con otros órganos que están enfrentando las mismas responsabilidades. Y desde el Senado, se subrayó que también han actualizado reglamentos y capacitado al personal, convencidos de que compartir buenas prácticas fortalece a todas las instituciones.

Al final, el mensaje del foro fue que la transparencia no depende solo de leyes o discursos, sino de coordinación entre instituciones. Si cada órgano autónomo vigila bien sus recursos y la Cámara de Diputados acompaña, se construye una red más fuerte de control público. En un país donde cada peso cuenta, estos encuentros buscan que la rendición de cuentas deje de ser una aspiración y se convierta en una práctica cotidiana.