Confiscan bienes de trabajadores a través del Fondo de Pensiones, afirma Rubén Moreira

CDMX a 23 de abril, 2024.- Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de México, ha lanzado una advertencia severa sobre el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, alegando que este fondo representa una «confiscación de los bienes» de los trabajadores, especialmente de aquellos mayores de 70 años. Esta acusación surge en medio de debates intensos sobre el dictamen que busca establecer este fondo, lo que Moreira describe como un «precedente terrible» para el patrimonio de los ciudadanos.

Según Moreira, el gobierno tiene la capacidad de devolver estos fondos a los trabajadores simplemente notificándolos, pero opta por no hacerlo para «aprovechar esos recursos». Esta situación, afirma, podría llevar a un «saqueo al patrimonio» de muchos mexicanos, situación que ha impulsado a su partido a preparar una acción de inconstitucionalidad contra la medida.

Además de estas preocupaciones económicas, Moreira criticó la propuesta reforma a la Ley de Amparo, que se debatirá pronto en el Congreso. Argumenta que esta reforma podría «destruir el régimen democrático y los regímenes de derechos humanos» en México, impactando directamente la defensa de estos derechos consagrados en la Constitución desde las reformas de 2010 y 2011.

Este contexto político y legislativo se desarrolla mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anticipa problemas financieros significativos para el país, sugiriendo que el próximo año podría enfrentar una situación de quiebra. Moreira enfatiza que estas medidas legislativas podrían estar buscando fuentes de financiamiento para «apalancar» las actividades gubernamentales en un contexto económico ya complicado.

Los comentarios de Moreira han resonado en varios sectores de la sociedad, especialmente entre los trabajadores mayores y los defensores de los derechos humanos, quienes temen que estas reformas limiten su capacidad para defender sus derechos constitucionales. La situación plantea preguntas críticas sobre la dirección futura de las políticas públicas y económicas en México.