Claudia Sheinbaum descartó reuniones con la SCJN y critica decisiones judiciales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dejado claro que no tiene intención de reunirse con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de los recientes avances del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que aprobó entregar al Senado la información necesaria para la elección de jueces y magistrados en 2025. En una conferencia de prensa, Sheinbaum subrayó que la decisión del CJF no fue unánime, con solo cuatro de los siete consejeros votando a favor de la entrega de la lista de vacantes, mientras que la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, fue una de las tres que se opusieron.

«No me voy a reunir con la Corte; la secretaria de gobernación tiene la atribución para resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país», afirmó. La mandataria criticó además la aceptación de la SCJN para tramitar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por líderes de partidos de oposición, argumentando que no debería involucrarse en un proceso electoral donde los partidos no tienen atribuciones relevantes.

“Si la Corte hubiera actuado correctamente, debería haber rechazado esos recursos. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentarlos en este contexto”, sentenció, enfatizando que el asunto electoral no debería estar relacionado con partidos políticos.

En la misma rueda de prensa, Sheinbaum anunció la eliminación de una modificación polémica en su reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta modificación pretendía otorgar al Ejecutivo y a las cámaras del Congreso, dominadas por Morena y sus aliados, la capacidad de vetar candidatos para el Poder Judicial. “Se quitó porque no debía ocurrir. Lo que está en la Constitución debe mantenerse”, aclaró, dejando entrever su compromiso con el respeto a las normas constitucionales.

Con estas declaraciones, Sheinbaum continúa su postura firme en torno a la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras la oposición y algunos sectores de la sociedad civil observan con atención cada movimiento en este juego de poder.