Buen Gobierno descarta pruebas contra Osorio Chong por desvío de 65 mdd
Raquel Buenrostro afirmó que no existen pruebas documentales que vinculen a Miguel Ángel Osorio Chong con el desvío de más de 65 millones de dólares en la extinta Policía Federal.
Por Juan Pablo Ojeda
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseguró que hasta el momento no existen documentos firmados ni pruebas que involucren directamente a Miguel Ángel Osorio Chong en el desvío de más de 65 millones de dólares relacionado con la extinta Policía Federal.
Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que las investigaciones deben sustentarse en pruebas documentales y señaló que, en este caso, no existe algún documento firmado por el exsecretario de Gobernación que lo vincule directamente con las operaciones investigadas.
Buenrostro detalló que la estructura administrativa de la entonces Policía Federal involucraba distintos niveles de autoridad, por lo que Osorio Chong se encontraba varios niveles por encima de las áreas directamente relacionadas con las operaciones bajo investigación.
La funcionaria explicó que las carpetas de investigación se integran con base en elementos que permitan establecer responsabilidades individuales y que, hasta ahora, no se cuenta con documentación que permita vincular al exfuncionario con el desvío señalado.
El caso se relaciona con irregularidades detectadas en 2015 en un contrato de prestación de servicios celebrado entre la Policía Federal y la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.
De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dos exfuncionarios de la Policía Federal fueron sancionados por faltas administrativas graves relacionadas con el manejo de más de 65 millones de dólares destinados al cumplimiento de obligaciones derivadas de dicho contrato.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso a los exfuncionarios sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años para ocupar cargos públicos, además de indemnizaciones económicas equivalentes al monto del daño determinado.
Buenrostro señaló que las sanciones administrativas no representan el cierre del caso, debido a que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, que mantiene una investigación penal para determinar si existen responsabilidades adicionales.
La secretaria Anticorrupción reiteró que cualquier posible responsabilidad debe establecerse a partir de pruebas y documentación que permita acreditar la participación de cada persona involucrada.
