Arturo Vila analiza la estrategia de seguridad pública y sus indicadores
La estrategia de seguridad pública muestra reducciones en delitos de alto impacto tras el despliegue de 130 mil elementos federales.
Por Bruno Cortés
El diputado federal Arturo Vila presentó un balance sobre los resultados alcanzados por la estrategia de seguridad pública implementada por el Gobierno de México, destacando disminuciones progresivas en la incidencia de los delitos de mayor impacto social en el país.
De acuerdo con el desglose numérico expuesto en la Cámara de Diputados, la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional ha permitido contener la curva delictiva en homicidios dolosos, secuestros y robos en autopistas federales.
Las métricas presentadas se fundamentan en las cifras consolidadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales confirman un ajuste a la baja en la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes durante el periodo de evaluación.
El legislador enfatizó que la presencia de más de 130 mil elementos de la Guardia Nacional distribuidos en las 266 regiones prioritarias del territorio mexicano constituye la base operativa para elevar la capacidad de contención e intervención oportuna ante focos de violencia.
El informe resalta que las acciones operativas se complementan con estrategias de inteligencia financiera ejecutadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual ha logrado la inmovilización de cuentas bancarias asociadas a grupos delictivos para minar su capacidad logística.
Asimismo, se subrayó que la estrategia pública incorpora programas sociales dirigidos a jóvenes en municipios con altos niveles de marginación, buscando mitigar el reclutamiento por parte de organizaciones criminales mediante alternativas de empleo y capacitación técnica.
El diputado concluyó que los recursos presupuestales asignados para la seguridad en el presente año garantizan la sostenibilidad de los patrullajes e inversiones en tecnología, consolidando una política de pacificación sustentada en indicadores cuantitativos verificables.
