AMLO critica al Poder Judicial por beneficiar a empresarios evasores de impuestos

En la conferencia matutina del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), acusándolo de beneficiar a lo que él denomina «delincuentes de cuello blanco». Sin mencionar nombres específicos, el mandatario expuso que jueces han retrasado intencionalmente las audiencias de 13 empresas que acumulan una deuda conjunta de aproximadamente 130 mil millones de pesos en impuestos.

En un acto que ha generado gran controversia, López Obrador mostró una lista detallada de los giros empresariales involucrados, que incluyen desde transportación aérea y refrescos, hasta acereras y gasolineras. Según sus palabras, estos empresarios han sido favorecidos por la dilación de procesos judiciales, que en promedio llegan a extenderse hasta 159 días sin una fecha definida para audiencias cruciales.

«Los jueces no les dan fechas de audiencia, miren, son 13 empresas», señaló el presidente antes de exhibir el documento en el Salón Tesorería. Además, adelantó que el próximo martes 23 de julio revelará más nombres de evasores fiscales que, según él, están siendo protegidos por el sistema judicial.

Este nuevo ataque de López Obrador al Poder Judicial no es aislado. Desde el inicio de su administración, ha criticado reiteradamente las prácticas que considera obstaculizan la justicia y favorecen a los poderosos. En esta ocasión, su crítica se enmarca en el contexto de una propuesta de reforma al PJF que recientemente envió al Congreso de la Unión. Entre las medidas propuestas destacan la eliminación de dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reducción del número de ministros de 11 a 9, y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.

«¿Ustedes creen que sea así, por casualidad?», cuestionó López Obrador, subrayando la urgencia de reformar un sistema judicial que, según él, no está al servicio del pueblo mexicano. Además, el presidente aprovechó la ocasión para respaldar una propuesta reciente del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, orientada a reformar la Constitución local en materia judicial.

La postura del presidente ha generado opiniones encontradas. Mientras sus simpatizantes respaldan sus esfuerzos por combatir la corrupción y garantizar una administración de justicia más transparente y eficaz, críticos argumentan que sus ataques podrían socavar la independencia del Poder Judicial y erosionar el estado de derecho en México.

En conclusión, la confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial continúa intensificándose, dejando en el centro del debate la necesidad de reformas profundas que busquen equilibrar el poder y la transparencia en las instituciones clave del país.