El imputado, identificado como Juan Jesús “N”, de 24 años, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte luego de su detención el 17 de abril de 2026. Un día después, durante audiencia inicial, un juez de control calificó como legal la detención y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La audiencia de vinculación a proceso fue diferida hasta el 22 de abril, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, recurso previsto en el sistema penal acusatorio mexicano para ampliar el plazo de resolución sobre la situación jurídica del imputado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Edith Guadalupe Valdés desapareció el 15 de abril tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio ubicado en avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez. Dos días después, su cuerpo fue localizado en el sótano del inmueble, oculto en una bolsa negra cubierta con arena.

Los peritajes iniciales señalan que la víctima presentaba golpes y heridas provocadas con un objeto punzocortante, presuntamente un desarmador, que le causaron lesiones internas mortales al perforar un pulmón. La causa de muerte fue determinada como hemorragia interna, según informes periciales integrados por la fiscalía capitalina.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que el vigilante del edificio habría agredido a la joven dentro de la caseta de seguridad, donde se localizaron restos hemáticos. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado y ocultado en el área del sótano, en un intento por evadir la acción de la justicia.

Entre los indicios recabados por la autoridad se encuentran evidencias biológicas y posibles alteraciones en el sistema de videovigilancia del inmueble, lo que apunta a una presunta manipulación de cámaras. Estos elementos forman parte de la carpeta de investigación que busca sustentar la imputación por feminicidio.

El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, delito que en la legislación penal de la Ciudad de México contempla penas que pueden alcanzar hasta 70 años de prisión. Autoridades capitalinas han señalado que se dará seguimiento puntual al proceso, mientras colectivos y organizaciones civiles demandan una investigación exhaustiva y sanción ejemplar.

Este hecho se suma a la problemática estructural de violencia de género en el país, donde instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la propia fiscalía han reiterado la necesidad de fortalecer medidas de prevención, atención y sanción. El desarrollo del proceso judicial será clave para determinar responsabilidades y evaluar la actuación institucional en este caso.