Un Senado con micrófono patriótico y expediente vacío.

Por Bruno Cortés

En la sala de urgencias de la República ingresó un paciente con diagnóstico de “soberanía inflamada”. Traía la banda tricolor apretada, fiebre de comunicados y un leve temblor cada vez que alguien pronunciaba la palabra “Trump”. Los médicos legislativos lo rodearon con bata, fuero y gesto grave. Le tomaron la presión, le midieron el pulso patriótico y dictaminaron lo de siempre: “Se recomienda reposo, unidad nacional y boletín de prensa cada ocho horas”.

El problema es que el padecimiento no era menor. Donald Trump volvió a decir que México estaría “gobernado por los cárteles”, una imputación de esas que no se barren debajo del tapete diplomático sin que se note el bulto. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que en México gobierna el pueblo, pidió respeto, cooperación y soberanía, y puso sobre la mesa la corresponsabilidad estadounidense en armas, drogas y dinero. Hasta ahí, el libreto institucional tuvo pulso.

Pero en el Senado, según los registros y comunicados revisados, la reacción formal específica brilla con esa ausencia tan mexicana que parece presencia. No se trata de que nadie haya dicho nada. Dijeron. Declararon. Posicionaron. Exhortaron en términos generales. Hablaron de soberanía, migración, aranceles, armas y dignidad nacional. El problema es otro: no aparece un acuerdo aprobado por el Pleno o la Mesa Directiva para responder directamente a la frase de Trump.

Y en política, como en medicina, no es lo mismo decir “échale ganas” que aplicar tratamiento.

La diferencia entre una declaración política y un acto institucional es la diferencia entre gritar desde la ventana y dejar constancia en el expediente. Una cosa es que un legislador se envuelva en la bandera ante las cámaras; otra, muy distinta, es que la Cámara use sus facultades constitucionales para analizar la política exterior, llamar a comparecer, exhortar formalmente, pedir aclaraciones diplomáticas o construir una ruta parlamentaria de defensa.

El Senado no es un club de lectura de comunicados. Tiene atribuciones. Puede analizar la política exterior del Ejecutivo, aprobar tratados, ratificar embajadores y cónsules. Es decir: no está ahí solo para aplaudir de pie, subir frases a redes o ejercer esa disciplina tan nacional de confundir solemnidad con acción.

En enero de 2025, Gerardo Fernández Noroña llamó a la unidad nacional y pidió no regatear respaldo a Sheinbaum. Políticamente, el mensaje fue claro. Institucionalmente, quedó en el terreno de la arenga. Sirve para la tribuna, para el aplausómetro y quizá para el archivo audiovisual de la patria indignada, pero no equivale a un acuerdo formal para exigir aclaraciones por la imputación de que México estaría gobernado por criminales.

También hubo un punto de acuerdo sobre tráfico ilícito de armas. Bien. Necesario. Pertinente. Porque una parte de la tragedia mexicana entra por la frontera norte con etiqueta de libertad comercial y sale en nota roja con saldo de funeral. Pero ese acuerdo abordó un componente de la relación bilateral, no la acusación específica de Trump.

La oposición intentó mover la camilla. El PRI propuso informes semanales sobre negociaciones con Estados Unidos y comparecencias ante comisiones. Movimiento Ciudadano planteó un Congreso Bicameral México-Estados Unidos y una Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ambas rutas rozaron el problema. Pero, según lo revisado, quedaron como proposiciones, no como hechos consumados del Senado.

Así llegamos al corazón del absurdo: una Cámara con facultades para fiscalizar la política exterior, pero que ante una imputación internacional de alto voltaje parece haber preferido la medicina homeopática del posicionamiento general.

El caso de Laura Itzel Castillo añade una escena de teatro político fino. Identificada como presidenta del Senado y anunciada después por Sheinbaum para incorporarse a la Secretaría de las Mujeres al concluir sus funciones en la Mesa Directiva, encarna una cercanía evidente con el proyecto federal. Eso no la vuelve responsable personal de la omisión. Pero sí vuelve más visible la contradicción: aun con una conducción afín al gobierno, el Senado no produjo una defensa institucional robusta frente al señalamiento.

La soberanía mexicana suele ser tratada como vajilla de porcelana: se presume en las visitas, se pule en los discursos y se guarda cuando hay riesgo de que se rompa. Pero la soberanía no se defiende solo con frases de bronce ni con patrioterismo de sobremesa. Se defiende también con procedimientos, acuerdos, comparecencias, exhortos, rutas de seguimiento y responsabilidades públicas.

El Senado no guardó silencio absoluto. Eso sería injusto. Habló. Pero habló como hablan muchas instituciones mexicanas cuando quieren parecer firmes sin incomodar demasiado: con la voz engolada, el ademán histórico y el expediente incompleto.

Al final, la pregunta no es si hubo indignación. En México indignación sobra; se produce en masa, como tortilla. La pregunta es por qué una acusación de ese tamaño no fue elevada a una respuesta parlamentaria específica. Porque entre el discurso de soberanía y el uso real de las facultades hay una distancia tan grande que, si la midiera el INEGI, tendría categoría de territorio nacional.

El paciente sigue en observación. El Senado salió a dar declaraciones. La soberanía pidió un analgésico. Y en la hoja clínica de la República alguien escribió con letra impecable: “Pronóstico reservado; tratamiento pendiente de acuerdo aprobado”.