Por Juan Pablo Ojeda

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso con detalle el proceso legal internacional que derivó en una sentencia millonaria contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por su participación en un amplio esquema de corrupción.

El Gobierno de México, tras años de investigaciones, logró que un tribunal en Florida fallara a su favor, estableciendo una compensación total de 748.8 millones de dólares en contra de García Luna. Esta sentencia, explicó Gómez, es el resultado de una demanda civil basada en contratos irregulares firmados entre 2009 y 2018, por más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“El dinero involucrado proviene de recursos públicos desviados a través de empresas fachada y contratos fraudulentos, con el objetivo de beneficiar a García Luna incluso después de dejar el cargo”, afirmó Gómez.

Corrupción y redes empresariales: el origen del caso

El titular de la UIF reveló que, tras identificar un patrón irregular de contratación en dependencias como la Policía Federal, el CISEN y el Sistema Penitenciario, el gobierno mexicano procedió con acciones legales en EE. UU., al constatar que García Luna y su esposa tenían propiedades y empresas registradas en Florida.

Al no responder los implicados a las notificaciones legales, el tribunal norteamericano resolvió transferir los activos a favor del Estado mexicano, marcando un precedente sin igual en materia de combate a la corrupción internacional.

“La jueza dictó sentencias independientes: una de 250 millones contra García Luna y otra de 580 millones contra Linda Pereyra, además de las sanciones a las empresas relacionadas”, detalló Gómez.

Empresas implicadas y campañas políticas

Entre las 15 empresas involucradas en el entramado corrupto destacan Nunvav Inc., NUNVAV Technologies Inc., Nice Systems Ltd. y Distribuidora GLAC, que gestionaban contratos con dependencias clave del gobierno federal. La UIF advirtió que parte del dinero malversado habría sido usado para financiar campañas políticas, lo cual está siendo investigado por tribunales mexicanos.

“Usaron mecanismos del Estado para beneficiar a particulares, afectando directamente las finanzas públicas”, denunció Gómez.

Respuesta del Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la relevancia del fallo internacional y lamentó que, en México, algunos tribunales aún mantengan amparos que permitirían liberar cuentas congeladas a los implicados.

“Desde 2021 se aportaron todas las pruebas. Finalmente, se resolvió que ese dinero era público, no privado. Es un caso que revela el modus operandi con funcionarios de alto nivel de administraciones pasadas”, subrayó Sheinbaum.

El caso se mantiene abierto en México y podría derivar en más sanciones, tanto penales como administrativas, contra funcionarios y actores empresariales que colaboraron en la red de corrupción de García Luna.