Por Juan Pablo Ojeda
En su constante lucha contra la migración indocumentada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su ataque hacia los menores de edad, un grupo que anteriormente había sido considerado fuera del foco de las políticas restrictivas en materia migratoria. La administración Trump ha permitido redadas migratorias en lugares sensibles, como escuelas y iglesias, que tradicionalmente habían sido excluidos de estos operativos por la DEA (Administración de Control de Drogas).
Aunque algunas ciudades como Denver han tomado medidas para proteger a los estudiantes indocumentados, otros estados han seguido la línea de acción de Trump, promoviendo leyes que restringen la educación pública a los menores sin estatus legal en el país.
En Tennessee, por ejemplo, legisladores republicanos han propuesto una ley que permitiría a los distritos escolares locales negarse a matricular a niños sin estatus migratorio. William Lamberth, representante estatal, justificó la medida al señalar que «las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras».
Por su parte, el gobernador Bill Lee, aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre la propuesta de ley, firmó una medida que otorga ayuda económica a estudiantes que asistan a escuelas privadas, siempre y cuando puedan demostrar su estatus migratorio. Esta medida ha sido vista como una forma de beneficiar a los estudiantes nacionales mientras se cierra el paso a los que no cuentan con documentación legal.
En Indiana, el escenario es similar. Se presentó un proyecto de ley que otorga a los distritos escolares el derecho de negar la inscripción a estudiantes indocumentados. Además, se exige a las escuelas que informen sobre la cantidad de estudiantes sin papeles, su tasa de asistencia, y si están recibiendo clases en inglés o bilingües.
Mientras tanto, en Texas, un proyecto de ley busca contabilizar a los estudiantes indocumentados a partir del próximo año escolar, con la finalidad de solicitar al gobierno federal un reembolso por el costo anual de matricular a estos alumnos. Esta propuesta genera debate sobre la carga económica que representa la educación de menores indocumentados y las políticas de reembolso que podrían implementarse.
En Oklahoma, el superintendente estatal, Ryan Walters, ha impulsado la idea de que los estudiantes presenten pruebas de ciudadanía o de estatus migratorio al momento de inscribirse en las escuelas. Aunque la ley no impediría la matrícula de estudiantes indocumentados, obligaría a las escuelas a llevar un censo detallado de su estatus migratorio. La Junta de Educación estatal ya aprobó esta medida, aunque el gobernador Kevin Stitt ha expresado su intención de detenerla, argumentando que las autoridades deberían enfocarse en perseguir a quienes cometen delitos, no a los niños en las escuelas.
Este panorama refleja un creciente clima de tensiones sobre la migración en Estados Unidos, especialmente en cuanto a la educación pública. La administración de Trump, junto con varios estados, continúa implementando medidas estrictas para frenar la presencia de indocumentados en sus escuelas, una política que pone en riesgo el acceso a la educación de miles de menores.
