Por Bruno Cortés

En la mañana helada de su posesión, Donald Trump no perdió tiempo en declarar la frontera con México como una «zona de guerra», prometiendo una militarización inmediata y la reinstauración de políticas que obliguen a los solicitantes de asilo a esperar en México. Esta declaración no es solo retórica; es un presagio de las acciones que vendrán. Los expertos en migración ya anticipan un incremento en las detenciones y una mayor presión sobre las ciudades fronterizas mexicanas, que deberán acoger a miles de migrantes bajo condiciones que han sido descritas como inhumanas por organizaciones de derechos humanos.

La política conocida como «Quédate en México» será revitalizada, una medida que durante el primer mandato de Trump causó que más de 700 migrantes fueran devueltos a México mientras se procesaban sus solicitudes de asilo. Este programa, ahora bajo el nuevo nombre de «Protocolos de Protección al Migrante» (MPP), ha sido criticado por dejar a los solicitantes expuestos a la violencia y la extorsión en ciudades como Matamoros o Tijuana. El anuncio de Trump de terminar con la práctica de «agarrar y soltar» (catch and release) añade otra capa de tensión, sugiriendo que los migrantes capturados serán detenidos hasta que se resuelva su estatus migratorio.

El discurso inaugural de Trump también incluyó una mención al control de los cárteles, prometiendo designarlos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que podría implicar una cooperación más forzada con México en materia de seguridad, con repercusiones tanto en la política interna como en la soberanía mexicana. Este enfoque doble de seguridad y migración podría convertir a México en una zona de acción directa para las políticas estadounidenses, con consecuencias para la economía, la seguridad y los derechos humanos en la región.

La implementación de estas políticas se espera comience en los primeros días de febrero de 2025, con la designación de la emergencia fronteriza como el primer paso. Esta medida permitiría mover fondos federales para la construcción de infraestructura de seguridad y el despliegue de efectivos militares, una estrategia que ya generó controversia en su primer mandato. Además, se prevé el uso de tarifas como herramienta de negociación para presionar a México a detener la migración, con Trump hablando de imponer aranceles de hasta un 25% a México y Canadá si no cumplen con sus demandas.

Las repercusiones de este endurecimiento migratorio son multifacéticas. Económicamente, las comunidades en la frontera podrían ver un aumento en el desempleo y la pobreza, ya que muchos dependen del comercio y la interacción binacional. Socialmente, la situación podría exacerbar la xenofobia y el racismo, no solo en Estados Unidos sino también en México, donde la percepción de ser utilizado como un «tapón» migratorio podría alimentar resentimientos y protestas.

Desde el punto de vista humanitario, las organizaciones de apoyo a migrantes temen un aumento en la vulnerabilidad de las personas en tránsito. La promesa de deportaciones masivas y la eliminación de citas con CBPOne significan que menos migrantes podrán acceder a procesos legales, aumentando el riesgo de abusos y violaciones de derechos humanos. Además, la política de «carga pública» podría ser expandida, afectando a aquellos que buscan la reunificación familiar o estatus legal, al requerir más pruebas de autosuficiencia económica.

En términos de política exterior, México se enfrenta a un dilema: cumplir con las demandas de Trump o enfrentar consecuencias económicas y diplomáticas severas. La administración de Claudia Sheinbaum debe navegar esta situación con cuidado, buscando alianzas económicas alternativas y fortaleciendo sus políticas internas de migración y desarrollo para mitigar los impactos de estas políticas estadounidenses.