Filtraciones confirman que EU y Canadá preparan listas de represalias comerciales; la defensa de la «soberanía» podría costar caro al bolsillo nacional.

¡Vaya cubetada de agua fría que le cayó a la 4T esta semana! Mientras en Palacio Nacional se sigue cantando la victoria de la soberanía energética, documentos filtrados desde Washington y Ottawa sugieren que nuestros socios comerciales ya se cansaron de los abrazos y van por los trancazos. Los borradores indican que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) tiene lista la artillería pesada: una serie de aranceles punitivos que entrarían en vigor si México no da marcha atrás en el favorecimiento desmedido a la CFE y Pemex.

El asunto ya no es si nos van a sancionar, sino de a cómo nos va a tocar el golpe. Lo que revelan estos papeles es que la etapa de los «buenos oficios» y las pláticas de café se terminó. Estamos hablando de la activación de la «Suspensión de Beneficios» del Capítulo 31 del T-MEC. En español llano: si tú no me dejas vender mi energía allá, yo te cobro impuestos extra por tus aguacates, tus coches y tu acero acá. Así de fácil y así de doloroso.

Desde el gobierno mexicano, la postura sigue siendo inamovible: «la soberanía no se negocia». El argumento oficial es que los recursos del subsuelo y el control del sistema eléctrico son seguridad nacional. Y tienen razón en el papel constitucional, pero el problema es que, cuando firmamos el T-MEC, nos comprometimos a jugar parejo en el mercado. Querer cambiar las reglas a medio partido es lo que tiene a los gringos y canadienses con la espada desenvainada, listos para cobrar la factura.

Lo más preocupante del chisme es la lista de productos que podrían sufrir estos aranceles. No crean que van a castigar a los políticos; van a pegarle a donde más duele: a las exportaciones estrella. Se habla de aranceles al sector agroalimentario y automotriz. Imagínense el caos si de repente nuestro jitomate o las autopartes hechas en el Bajío dejan de ser competitivas en el norte. Se nos cae el teatro de la inversión extranjera en un dos por tres.

Hay que recordar que esto no es nuevo. Llevamos años en este estira y afloja. Las consultas empezaron hace mucho, luego vinieron los paneles de controversia y México ha estado pateando el bote, aplicando la de «ahorita lo vemos». Pero el tiempo se agotó. Las filtraciones demuestran que la paciencia de los socios del norte llegó a su límite justo cuando la economía global anda pendiendo de un hilo.

El meollo del asunto es que esto ocurre en el peor momento posible: la antesala de la Revisión Conjunta del T-MEC de 2026. Llegar a esa mesa con sanciones activas es como llegar a una cena de gala con el traje manchado de mole. Nos pone en una posición de debilidad terrible para renegociar cualquier otro tema, desde migración hasta seguridad. Si el panel falla definitivamente en contra y no acatamos, el tratado mismo podría entrar en terapia intensiva.

Expertos del sector privado y organismos como el IMCO llevan meses advirtiendo que el chistecito nos puede salir carísimo. No es solo un pleito de abogados; es un riesgo real de fuga de capitales. Si los inversionistas ven que en México la ley se aplica a contentillo, agarran sus maletas y se van a Vietnam o a la India. Y ahí sí, a ver quién paga la nómina.

Por ahora, la Secretaría de Economía anda haciendo malabares para calmar las aguas, pero la realidad es terca. Si no hay un golpe de timón real que permita la participación privada en energía tal como se firmó en el tratado, los aranceles van a ser una realidad tan ineludible como el tráfico en el Periférico un viernes de quincena.

Al final del día, la decisión es política, pero las consecuencias son económicas. ¿Vale más mantener el monopolio estatal a toda costa o proteger los millones de empleos que dependen del comercio con el norte? La moneda está en el aire, y todo parece indicar que va a caer del lado que más nos va a doler si no nos ponemos las pilas.