Por Bruno Cortés

¡Ay, nanita! Si creíamos que el relajo de la Reforma Judicial había terminado con la elección federal del año pasado, estábamos muy equivocados. A estas alturas de febrero de 2026, el mapa de la justicia en México parece una colcha de retazos mal zurcida. Mientras la mayoría de los estados gobernados por el oficialismo aplicaron el «copia y pega» sin chistar, hay tres entidades que siguen jugando a las vencidas con la Federación: Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

La cosa está que arde. En Querétaro, el pleito por la famosa «tómbola» tiene trabado el congreso; los panistas y morenistas nomás no se ponen de acuerdo si aplicar la suerte o el mérito. En Nuevo León, de plano quieren patear el bote hasta 2028, argumentando que no hay prisa, mientras que en Jalisco la discusión sobre la «tropicalización» de la ley se ha vuelto un diálogo de sordos. Estos tres estados son el último bastión que se niega a doblar las manos ante el guion centralista, pero el tiempo se les agota.

Y para los que sí hicieron la tarea, como nuestra querida CDMX, el golpe de realidad llegó en forma de factura. Apenas este 7 de febrero se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino, pero ¡agárrense!, porque el chistecito salió caro. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ya le puso precio a la fiesta democrática judicial: 883 millones de pesos. Así como lo lee, casi mil millones de «del águila» para organizar la elección de jueces locales.

La «dolorosa» tiene a los secretarios de finanzas estatales tronándose los dedos. Porque, seamos sinceros, ¿de dónde va a salir esa lana? La Federación ha sido muy clara en que «cada quien pague su cubierto», dejando a los organismos locales (OPLES) colgados de la brocha. En estados como Durango y San Luis Potosí, los institutos electorales llevan meses pidiendo ampliaciones presupuestales que nomás no llegan, operando con números rojos y rezándole al santo de las causas perdidas.

Pero el verdadero «coco» viene para 2027. Si la elección de 2025 fue un reto, la que se nos viene encima es la madre de todas las batallas. Imagínese usted llegar a la casilla y recibir boletas para diputados federales, gobernador (en su caso), alcaldes, diputados locales… ¡y además toda la planilla del Poder Judicial local! Va a ser un auténtico merequetengue donde el votante promedio necesitará un diplomado para no anular su voto.

Expertos y consejeros del INE ya prendieron las alarmas. La complejidad operativa de mezclar elecciones políticas con judiciales en 2027 es una bomba de tiempo. El riesgo no es solo la confusión, sino la parálisis. Con jueces salientes que ya saben que se van y jueces entrantes que no saben ni dónde está el baño, los tribunales locales podrían entrar en un limbo operativo de miedo.

Lo más triste del caso es la calidad de la justicia. Al forzar una armonización «a chaleco», se están perdiendo las particularidades de cada región. No es lo mismo un juez familiar en la Sierra Tarahumara que uno mercantil en Zapopan. Al querer medir a todos con la misma vara federal, estamos creando un sistema de justicia maquilado en serie, barato en su diseño pero carísimo en su ejecución.

Por ahora, la moneda está en el aire. La Presidenta Sheinbaum insiste en que la soberanía y la justicia social van primero, pero en el terreno, la implementación es un campo minado. Los estados «rebeldes» tienen los días contados para armonizar o enfrentar la furia de la controversia constitucional, mientras que los ciudadanos solo vemos cómo la justicia se vuelve, irónicamente, un tema de pleito político.

Así que ya sabe, mi estimado lector, vaya preparando su paciencia (y su cartera, porque esto lo pagamos nosotros). La justicia pronta y expedita tendrá que esperar, porque ahorita lo que hay es grilla, presupuestos inflados y un reloj que avanza implacable hacia el 2027.