Sinaloa queda bajo presión judicial de EE. UU.

La crisis política en Sinaloa entró en una nueva etapa después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. El caso, divulgado el 29 de abril, puso bajo presión al grupo político que gobernó el estado y abrió un frente diplomático y judicial entre México y Estados Unidos.

La acusación estadounidense incluye a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros exmandos de seguridad y procuración de justicia. Todos son considerados inocentes mientras no exista sentencia, de acuerdo con la propia advertencia del Departamento de Justicia.

El golpe político fue inmediato. El Congreso de Sinaloa autorizó el 2 de mayo la licencia temporal de Rocha Moya y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, quien hasta entonces se desempeñaba como secretaria general de Gobierno. La licencia fue solicitada por el propio mandatario para separarse temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones.

El primer giro de la crisis es el silencio alrededor del poder sinaloense. Desde la acusación en Nueva York, Rocha Moya redujo de forma drástica su presencia pública y el gobierno local quedó obligado a operar bajo una sombra política inédita: la de un expediente extranjero que acusa presuntos vínculos entre funcionarios estatales y una facción del Cártel de Sinaloa.

El segundo giro apunta al repliegue del propio Rocha Moya. El periodista Raymundo Riva Palacio publicó que el gobernador con licencia se encuentra en un rancho ubicado a unos 110 kilómetros al norte de Culiacán, con salidas limitadas y viajes esporádicos a la Ciudad de México. Esa versión no ha sido confirmada oficialmente, por lo que debe atribuirse como información periodística, no como dato institucional.

El tercer giro está en el papel de Gerardo Mérida Sánchez. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa aparece entre los señalados por Estados Unidos y, según la acusación, habría recibido sobornos a cambio de proteger operaciones de “Los Chapitos”. La Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de él al señalar que pasó a retiro en 2022 y que ya no mantiene relación laboral con la dependencia.

Ese deslinde militar elevó el costo político del caso. Mérida no era una figura menor: encabezó la seguridad pública estatal en un periodo marcado por violencia, presión criminal y cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones locales para contener a los grupos armados.

El cuarto giro involucra a figuras cercanas al círculo político de Rocha Moya. Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno y actual senador, anunció que permanecerá en el Senado hasta 2030 y descartó buscar la gubernatura de Sinaloa en 2027. Su decisión ocurre en medio de los señalamientos de Estados Unidos y reacomoda el tablero interno de Morena en el estado.

En paralelo, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, fue señalado en el expediente estadounidense y reportado por medios como una de las piezas relevantes del caso. La Silla Rota publicó que llegó a Estados Unidos después de entregarse en Irlanda, un dato que debe manejarse bajo atribución mientras no haya una comunicación judicial más amplia sobre los términos de su situación legal.

El quinto giro está en Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa. Riva Palacio retomó versiones según las cuales Almanza habría intentado entregarse, pero habría regresado a Culiacán tras recibir amenazas contra su familia. Por la gravedad del señalamiento, esa parte debe publicarse únicamente atribuida a los reportes periodísticos que la difundieron.

El caso también abrió una paradoja de seguridad. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales y que su protección, en caso de tenerla, corresponde al ámbito local. También negó que los demás señalados reciban resguardo de dependencias federales.

En el frente jurídico, el Gobierno mexicano ha insistido en que Estados Unidos debe entregar más elementos para justificar una detención urgente con fines de extradición. La Fiscalía General de la República sostuvo que no había pruebas suficientes para acreditar la urgencia de una detención provisional y pidió documentación adicional.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó posteriormente que no existe un plazo para que el Departamento de Justicia estadounidense presente pruebas, salvo que se abra formalmente un juicio de extradición. Esa postura mantiene el caso en una zona de espera legal, mientras Washington sostiene sus acusaciones y México exige mayor sustento documental.

La crisis sinaloense ya rebasó el terreno penal. Sus efectos alcanzan la sucesión política de 2027, la relación entre México y Estados Unidos, la credibilidad de las instituciones locales y la estabilidad interna de Morena en uno de sus bastiones más sensibles.

Por ahora, el expediente avanza entre dos narrativas enfrentadas: la acusación estadounidense de una red de protección institucional al narcotráfico y la exigencia mexicana de pruebas suficientes antes de proceder contra funcionarios y exfuncionarios. En medio queda Sinaloa, con un gobierno interino, un grupo político bajo sospecha y una ciudadanía atrapada entre violencia, incertidumbre y vacío de confianza.