Este lunes 20 de enero, durante su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump delineó una serie de medidas que han generado una fuerte preocupación en México. Entre sus anuncios más destacados, Trump afirmó que militarizará la frontera sur de su país para frenar el flujo migratorio irregular y deportará masivamente a migrantes que se encuentren actualmente en territorio estadounidense. Además, declaró su intención de etiquetar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que podría desencadenar una serie de repercusiones diplomáticas y económicas.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una postura oficial del gobierno mexicano, las autoridades federales comenzaron a tomar acciones inmediatas. A tan solo unas horas de los anuncios de Trump, Palacio Nacional se convirtió en el escenario de una reunión clave entre la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y su gabinete, junto con los titulares salientes y entrantes del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, respectivamente.

En medio de una estricta seguridad y ante la presión de los medios de comunicación que aguardaban una reacción, los funcionarios federales se reunieron para discutir las implicaciones de las medidas de Trump, las cuales podrían tener un impacto directo en la relación bilateral y en las políticas migratorias que México implementa actualmente.

Las primeras reacciones de expertos en política internacional han señalado que el gobierno mexicano podría recurrir a la diplomacia y la presión internacional para mitigar las decisiones de Trump, que incluyen una posible escalada en la retórica sobre la «guerra contra los cárteles» y el uso de la fuerza militar en la frontera.

Por su parte, diversos sectores en México han manifestado su preocupación por las medidas anunciadas por el mandatario estadounidense, que podrían intensificar las tensiones entre ambos países y provocar un aumento en la inseguridad en las zonas fronterizas.

Este lunes es solo el inicio de lo que podría ser una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, en la que la política migratoria será uno de los puntos más sensibles y debatidos.

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