Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado la presentación de dos iniciativas de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional del país ante la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de calificar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que estas reformas son una respuesta directa a la designación de cárteles como el de Sinaloa y el CJNG como grupos terroristas, impulsada por la administración de Donald Trump. La mandataria aclaró que, aunque México comparte la lucha contra estos grupos delictivos, el país se niega a aceptar cualquier intento de intervención externa que vulnere su soberanía. En palabras de Sheinbaum, “nosotros no negociamos la soberanía, y no permitiremos injerencias ni invasión de ningún tipo, por parte de Estados Unidos o cualquier otro país”.

Las reformas propuestas abarcan dos aspectos clave de la Constitución mexicana: la modificación del artículo 40 y la del artículo 19. En primer lugar, la reforma al artículo 40 busca reforzar el principio de soberanía nacional, subrayando que México no aceptará intervenciones extranjeras, ya sean políticas, económicas o militares. En segundo lugar, la reforma al artículo 19 tiene como objetivo establecer penas severas, incluyendo la prisión preventiva oficiosa, a aquellos extranjeros vinculados con actividades ilícitas que involucren injerencias en el territorio mexicano.

Sheinbaum también mencionó que la reforma buscará prohibir cualquier intervención en investigaciones o persecuciones sin la autorización expresa del Estado mexicano, en cumplimiento con las leyes nacionales. “Es una cuestión de colaboración, no de subordinación”, enfatizó.

Además de estas reformas, la presidenta de México aprovechó para reiterar la postura del gobierno frente al tráfico de armas, un problema clave en la violencia generada por los cárteles en México. De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cerca del 70% de las armas usadas por los grupos criminales en México provienen del mercado estadounidense. En este contexto, Sheinbaum anunció que la Cancillería ampliará la demanda presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusando a los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses de facilitar el armamento de los cárteles mexicanos.

«Queremos que se reconozca la complicidad de aquellos que venden armas de forma irresponsable, sin importar las consecuencias que estas tengan en nuestra seguridad y en la vida de miles de mexicanos», afirmó la mandataria.

Estas reformas, que se someterán a discusión en el Congreso, buscan blindar la soberanía de México en un contexto de creciente presión internacional sobre la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que subrayan el rechazo a cualquier tipo de intervención en los asuntos internos del país.