Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma a la Ley de Aguas Nacionales al afirmar que su esencia es proteger el recurso, frenar la sobreexplotación y garantizar que el acceso al agua sea un derecho y no un negocio.
En conferencia de prensa, sostuvo que, pese a la controversia pública, la mayoría de organizaciones sociales, productivas y municipales respaldan el proyecto, y que las resistencias provienen principalmente de quienes poseen grandes concesiones con privilegios que, aseguró, deben ponerse en orden.
Según explicó, uno de los principios centrales de la iniciativa es impedir la mercantilización de los derechos de uso de agua.
La transmisión seguirá existiendo, pero bajo un proceso obligatorio, expedito y totalmente transparente a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“No se trata de convertir el agua en mercancía. Se trata de ordenar y evitar la corrupción”, señaló.
Sheinbaum detalló que durante las discusiones en la Cámara de Diputados se incorporaron cambios solicitados por ejidatarios, pequeños productores y organizaciones campesinas.
Entre los ajustes mencionó la claridad en la transmisión de derechos dentro de las familias —especialmente en zonas de riego con pozos heredados de generación en generación— y la definición de que el uso agrícola y ganadero no requiere tramitar permisos distintos, pues ambos forman parte de la actividad agropecuaria.
Añadió que la construcción de consensos incluyó al Consejo Nacional Agropecuario, cámaras industriales como la Concamín, municipios y sectores productivos diversos.
“Hubo diálogo en todas las mesas. Muchas preocupaciones se originaron por información falsa, pero quedaron resueltas”, dijo.
La presidenta subrayó que el mayor obstáculo proviene de quienes concentran grandes volúmenes de agua, incluyendo concesiones que no se usan, están vencidas o se obtuvieron de forma irregular.
Recordó que al inicio de la administración encontraron tres bases de datos distintas sobre concesiones, algunas con volúmenes contradictorios o permisos duplicados.
“Había un desorden completo. No puede ser que haya municipios sin agua mientras distritos de riego la tienen de sobra y hasta la venden, sin pagar por ella”, comentó.
Indicó que su gobierno ya consolidó una sola base de datos nacional, lo que permitirá una gestión más transparente y la revisión puntual de cada concesión.
Con ello, afirmó, se busca impedir prácticas de acaparamiento, frenar la corrupción en la transmisión de derechos y garantizar que en zonas con escasez se privilegie el consumo humano.
“Estamos ordenando lo que se abandonó durante años. La mayoría está de acuerdo. A quienes no les conviene es a quienes mantienen privilegios que nunca debieron existir”, concluyó.