Senado responde con dichos, no con acuerdos, ante acusaciones de Trump contra México

El Senado de la República no registra, hasta la revisión disponible, una acción institucional específica para respaldar al gobierno de Claudia Sheinbaum frente a las imputaciones de Donald Trump, quien ha insistido en que México estaría “gobernado por los cárteles”.

Lo que sí aparece son declaraciones políticas, comunicados y posicionamientos generales sobre soberanía, relación bilateral, aranceles, migración y tráfico de armas. Sin embargo, no se localiza un acuerdo aprobado por el Pleno o la Mesa Directiva que responda de manera directa a ese señalamiento.

La diferencia no es menor. Una declaración de legisladores o de la Presidencia del Senado tiene peso político, pero no equivale a un acto institucional aprobado por la Cámara. En este caso, la frase publicable más precisa es que “en los registros legislativos y comunicados oficiales revisados no aparece una acción institucional específica” frente a la acusación de Trump.

La imputación ha sido reiterada por el presidente de Estados Unidos en distintos momentos. En octubre de 2025, Trump afirmó que México estaba “gobernado por los carteles”, aunque también dijo respetar a la presidenta mexicana. La acusación se dio en un contexto de presión estadounidense contra el narcotráfico y de amenazas de posibles acciones contra organizaciones criminales.

Sheinbaum ha respondido públicamente que en México “gobierna el pueblo” y ha defendido que la relación con Estados Unidos debe mantenerse bajo cooperación, respeto y soberanía. También ha pedido corresponsabilidad estadounidense en el combate al tráfico de armas, consumo de drogas y lavado de dinero.

El Senado sí tiene atribuciones relevantes en política exterior. El artículo 76 constitucional le permite analizar la política exterior del Ejecutivo, aprobar tratados internacionales y ratificar nombramientos diplomáticos, incluidos embajadores y cónsules. Por eso, la ausencia de una respuesta formal ante una acusación de ese tamaño adquiere relevancia legislativa.

En enero de 2025, Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente del Senado y de la Comisión Permanente, llamó a la unidad nacional y pidió no regatear respaldo a la presidenta Sheinbaum. Ese posicionamiento se ubicó en el terreno político, no como un acuerdo aprobado para exigir aclaraciones diplomáticas por la frase sobre los cárteles.

También hubo un punto de acuerdo aprobado sobre tráfico ilícito de armas, con un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar información a Estados Unidos sobre medidas de detección y prevención. Ese acuerdo abordó un componente clave de la relación bilateral, pero no se centró en la imputación de que México estuviera gobernado por el crimen organizado.

La oposición sí intentó empujar mecanismos de control parlamentario. El PRI presentó una proposición para que el Ejecutivo instruyera a las secretarías de Relaciones Exteriores y Economía a entregar informes semanales sobre negociaciones con Estados Unidos y comparecer ante comisiones. Esa propuesta mencionaba acusaciones de colusión con el crimen organizado, pero no aparece como acuerdo aprobado del Pleno.

Movimiento Ciudadano también presentó en enero de 2026 una propuesta para crear un Congreso Bicameral México-Estados Unidos e instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. La exposición de motivos retomó el señalamiento de Trump sobre organizaciones criminales que “gobiernan México”, pero el registro la ubica como proposición, no como una acción institucional ya ejecutada.

El ángulo político se refuerza con el papel de Laura Itzel Castillo. La senadora fue identificada como presidenta del Senado y, al mismo tiempo, la presidenta Sheinbaum anunció que se incorporará como titular de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya sus funciones en la Mesa Directiva.

Ese dato no implica una responsabilidad personal directa de Castillo por la falta de un acuerdo. Pero sí muestra una contradicción política: aun con una conducción cercana al proyecto del Ejecutivo federal, el Senado no ha producido una defensa institucional robusta frente a una imputación internacional de alto impacto.

Entre lo que no se encontró están un punto de acuerdo aprobado para rechazar directamente los dichos de Trump, un exhorto a la SRE para pedir una aclaración formal al embajador de Estados Unidos, una invitación institucional al diplomático estadounidense o una comparecencia del canciller específicamente por esa acusación.

Tampoco aparece, en lo revisado, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política o de la Mesa Directiva que trace una ruta formal de respaldo al gobierno federal frente a ese señalamiento, ni una comisión especial para dar seguimiento a la ofensiva discursiva y política de Trump contra México.

El punto central no es afirmar que el Senado haya guardado silencio absoluto. La Cámara y sus integrantes han hablado de soberanía, armas, migración y relación bilateral. El punto es que esas expresiones no se han traducido, hasta los registros revisados, en una respuesta institucional específica frente a la frase de que México estaría gobernado por los cárteles.

El caso deja una pregunta política abierta: si el Senado tiene facultades constitucionales para analizar la política exterior, ¿por qué no ha elevado ese tema a una acción formal de control, seguimiento o respaldo institucional? Esa ausencia marca la diferencia entre el discurso de soberanía y el uso efectivo de las herramientas parlamentarias.