Por Bruno Cortés

En un país donde la sospecha es moneda corriente y la palabra “corrupción” se desgasta más que los discursos de campaña, el Senado de la República respondió con cifras, plataformas y auditorías al reciente informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que denunció una supuesta opacidad en más de 31 mil contratos firmados entre 2018 y 2024. Pero, como dice el viejo refrán, “una cosa es lo que parece y otra lo que el Excel dice”.

MCCI, en un intento por señalar irregularidades, terminó reconociendo —quizá sin querer— que toda la información utilizada proviene de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el repositorio oficial donde las dependencias públicas están obligadas a rendir cuentas. El propio INAI calificó con 100% el cumplimiento del Senado en materia de transparencia año con año. O sea, si hubo algo escondido, estaba tan a la vista que cualquiera con Wi-Fi lo podía ver.

Uno de los errores más evidentes del informe, según el Senado, fue meter en el mismo costal legal contratos de obra pública, convenios, servicios de comunicación y hasta los de honorarios. Esta mezcla, más digna de una licuadora que de un análisis jurídico, derivó en cifras infladas que suenan escandalosas, pero que, al diseccionarse, resultan en realidades mucho más modestas: apenas 4,471 contratos regulados por la Ley de Adquisiciones durante todo el sexenio, no los más de 31 mil que MCCI gritó en su boletín.

La cereza en el pastel estadístico es la forma en que MCCI clasificó los contratos por honorarios —que constituyen más del 50% del total— como adjudicaciones directas. Un error de método que distorsiona el análisis y lo vuelve inútil para fines de fiscalización seria. Los contratos de honorarios, por definición, no están sujetos a las reglas de licitación porque se trata de servicios personales, a menudo renovables y con alta rotación.

El Senado también aclaró que el 62% del gasto derivado de los contratos sí regulados por la ley se hizo a través de licitación pública nacional. De los casi 6 mil millones de pesos contratados entre 2018 y 2024, cerca de 3,730 millones se adjudicaron por esta vía transparente. En contraste, el informe de MCCI asegura —sin sustento metodológico claro— que el 90% fue por asignación directa.

Y si el INAI no fuera suficiente garantía, está la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que revisó cada ejercicio anual durante la administración que encabezó Ricardo Monreal al frente de la Junta de Coordinación Política. A petición expresa del propio Monreal, se realizaron auditorías específicas sobre contratos relevantes. Las observaciones emitidas entre 2018 y 2023, afirman las autoridades, ya fueron solventadas; las correspondientes a 2024 están en proceso.

Lo que queda claro es que MCCI construyó un informe sobre premisas equivocadas, con una narrativa que priorizó el escándalo sobre el rigor técnico. Se alimentó de datos públicos —irónicamente— para después acusar que esos mismos datos no eran públicos. Una paradoja digna del teatro del absurdo.

En medio del descrédito institucional y la sospecha ciudadana, que el Senado haya respondido con datos verificables, certificaciones del INAI y auditorías de la ASF no exime a nadie del escrutinio, pero sí obliga a que las acusaciones tengan fundamentos sólidos. Porque si todo es escándalo, nada es verdadero. Y en la era de la posverdad, la transparencia —aunque incómoda— sigue siendo el mejor antídoto contra la calumnia fácil.