En el Congreso de la Unión, la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial ha generado un torbellino de críticas y preocupaciones. La reforma, que ha sido aprobada de manera apresurada, ha dejado una serie de dudas y problemas que podrían afectar tanto la justicia como la participación democrática en México.

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, ha sido uno de los principales críticos de este proceso. Moreira Valdez señala que la reforma fue aprobada de manera tan rápida que ni siquiera se contempló adecuadamente cómo votarían los mexicanos en el extranjero para elegir a los juzgadores federales y locales. Esto, según él, es un claro ejemplo de la falta de deliberación democrática en el proceso legislativo.

Más allá de la velocidad con la que se aprobó, el diputado critica que el texto de la reforma no establece de manera clara cómo los mexicanos que viven fuera del país podrán participar en la selección de jueces. Aunque algunos podrían argumentar que esta cuestión se resolverá con futuras leyes secundarias, Moreira Valdez considera que este descuido demuestra una deficiencia en la redacción del texto aprobado.

Uno de los puntos más polémicos es la falta de claridad sobre la votación en el extranjero. Por ejemplo, un mexicano que viva en Chicago tendría que recibir boletas para juzgadores tanto federales como locales, y lo mismo le ocurriría a alguien originario de otra entidad. Esta falta de concreción ha llevado a Moreira Valdez a calificar la reforma como «improvisada y regresiva», argumentando que presenta una serie de complicaciones que podrían haberse evitado con una planificación más cuidadosa.

El diputado también critica que la reforma incluye detalles muy específicos, como el diseño de las boletas, lo que según él convierte la Constitución en un «recetario». Esto podría impedir que se realicen ajustes necesarios en las normas secundarias, dejando en riesgo la constitucionalidad de futuros cambios.

En cuanto a los posibles efectos económicos, el economista Mario Di Costanzo advirtió que la reforma podría tener implicaciones negativas significativas. Según Di Costanzo, la reforma pone en duda aspectos cruciales como el Tratado de Libre Comercio, la calificación soberana del país y la estrategia de relocalización conocida como «nearshoring». Estos riesgos podrían impactar negativamente en el empleo y el bienestar de muchas familias, e incluso podrían contribuir a una posible recesión en el primer año del próximo gobierno.

Por otro lado, el abogado Miguel Ángel Sulub destacó que la sesión del Senado, donde se aprobó la reforma, estuvo marcada por conflictos y falta de diálogo. Según Sulub, los diputados de Morena no supieron manejar las protestas y manifestaciones, lo que llevó a situaciones de tensión en el recinto.

En resumen, la reforma al Poder Judicial ha sido aprobada en medio de una serie de cuestionamientos sobre su diseño y sus posibles consecuencias. Mientras algunos expertos y legisladores alertan sobre los defectos en su redacción y los riesgos económicos, otros se preparan para impugnar la reforma mediante acciones legales. Lo que está claro es que la reforma ha dejado un sabor amargo en el Congreso y entre los ciudadanos, que ahora esperan ver cómo se resolverán las complicaciones derivadas de su aprobación apresurada.