Por Bruno Cortés
Las noticias de un posible recorte en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) han encendido las alarmas entre los trabajadores de este sector, quienes aseguran que esta medida pondría en riesgo sus derechos laborales y la eficiencia del sistema judicial. Frente a esta situación, el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, se ha manifestado en apoyo a las y los empleados del PJF, al igual que la senadora Amalia García Medina, también de su partido. Ambos han señalado que no se puede permitir que esta reducción afecte a quienes trabajan en el sistema judicial mexicano, por lo que han exigido a las autoridades que se revierta esta medida.
El problema surgió cuando se dio a conocer que para el año 2025, el presupuesto del PJF sufriría una reducción considerable. En concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vería una disminución del 12.06 por ciento en sus recursos, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) enfrentaría una baja aún mayor del 17.45 por ciento. Este recorte, explican los trabajadores del Poder Judicial, afectaría gravemente tanto sus condiciones laborales como la operatividad de todo el sistema judicial federal.
Entre las consecuencias más graves de esta reducción, destacan que el Consejo de la Judicatura se vio obligado a disminuir su aportación a un seguro de separación que beneficia a los empleados de la Defensoría Pública, que tiene más de 3,500 trabajadores. La pérdida de este beneficio podría significar una gran inseguridad laboral para los servidores públicos de la Judicatura, quienes también señalan que este recorte afectaría la eficiencia del sistema judicial, lo que, en última instancia, perjudicaría a la ciudadanía que depende de este sistema para acceder a la justicia.
Por esta razón, los representantes del PJF han solicitado a las autoridades reconsiderar este ajuste presupuestario y garantizar que sus derechos laborales, así como la operatividad del Poder Judicial, no se vean comprometidos. Además, han recordado que la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se comprometió a no afectar sus salarios ni prestaciones, un compromiso que, según ellos, está siendo incumplido por este recorte.
A pesar de la difícil situación, Vázquez Ahued y García Medina han reafirmado su compromiso con los trabajadores del PJF, indicando que en el próximo periodo de sesiones del Congreso, que comienza el 1° de febrero, se levantarán en defensa de sus derechos laborales. El diputado de Movimiento Ciudadano expresó que desde la Cámara de Diputados, exigirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que ajuste el presupuesto de acuerdo con las promesas realizadas por el gobierno, para que no se vea afectado el bienestar de quienes conforman el Poder Judicial de la Federación.
El futuro del sistema judicial mexicano podría estar en juego si este recorte no se reconsidera. Mientras tanto, los trabajadores del PJF siguen luchando por la defensa de sus derechos, sabiendo que un sistema judicial debilitado afectaría a toda la sociedad.
