El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, presentó una solicitud formal ante el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para clasificar al partido oficialista mexicano, MORENA, como una organización terrorista extranjera (FTO). El documento técnico se fundamenta en presuntos nexos entre la estructura política y grupos delictivos transnacionales.

La petición administrativa invoca la Orden Ejecutiva 13224, firmada en 2001, la cual faculta al gobierno estadounidense para bloquear activos y perseguir financieramente a entidades que colaboren con el terrorismo. Según el expediente presentado, se detectaron intervenciones sistemáticas del crimen organizado en procesos electorales recientes bajo el respaldo de la actual administración.

El sustento jurídico de la solicitud refiere que el poder político en México ha normalizado vínculos con células delictivas, permitiendo su operación a cambio de protección. Moreno enfatizó que la evidencia recopilada apunta a una alianza que compromete la seguridad regional y la integridad de las instituciones democráticas en la frontera sur de los Estados Unidos.

En términos de procedimiento, la solicitud exige la revisión de los flujos de capital asociados a la dirigencia de MORENA. El marco legal aplicado busca desarticular el financiamiento que, según el PRI, proviene de actividades ilícitas y se utiliza para sostener la estructura partidista en diversas entidades federativas de México.

El documento entregado a las autoridades en Washington D.C. cita como antecedente la clasificación de Batasuna en 2003 debido a su relación directa con el grupo terrorista ETA en España. El PRI argumenta que el modelo operativo de MORENA guarda similitudes funcionales con casos internacionales donde organizaciones políticas sirven de fachada para grupos armados.

La oficina de Alejandro Moreno confirmó que la entrega de estos expedientes forma parte de una estrategia de fiscalización internacional ante lo que consideran una erosión del Estado de Derecho. El proceso administrativo en los Estados Unidos requiere ahora una fase de evaluación por parte de las agencias de inteligencia y seguridad nacional involucradas.

Finalmente, el reporte técnico destaca que México no puede normalizar que el ejercicio del poder esté vinculado con estructuras criminales que han incrementado los índices de violencia en el país. La solicitud permanece bajo folio de recepción en las oficinas correspondientes de la capital estadounidense para su análisis de factibilidad jurídica.