Por Juan Pablo Ojeda
En un giro reciente del drama legislativo mexicano, el Grupo Parlamentario del PRI ha decidido rechazar de plano la propuesta de reforma al sistema judicial. Esta decisión se tomó durante la primera sesión ordinaria de la LXVI Legislatura, un evento crucial para el Congreso que marca el inicio del Primer Periodo de Sesiones del Primer Año de Trabajo.
Desde el Pleno de la Cámara de Diputados, los líderes del PRI, incluyendo a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, se alinearon con sus coordinadores en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira Valdez y Manuel Añorve Baños, respectivamente. En nombre de su bancada, la diputada Marcela Guerra expuso las razones del rechazo con firmeza.
Guerra argumentó que la reforma propuesta por el gobierno es incompleta y está mal encaminada. Para ella y su grupo, la reforma no solo está mal diseñada, sino que también parece ignorar los verdaderos problemas del sistema judicial mexicano. Según la diputada, el PRI está buscando una reforma auténtica y profunda que realmente mejore el sistema de justicia, no una que, en su opinión, podría desmantelar los contrapesos necesarios para evitar un presidencialismo excesivo.
La legisladora criticó la propuesta oficial por intentar eliminar los órganos autónomos que, según ella, son vitales para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado. En lugar de una reforma que sirva para todos, Guerra ve la propuesta actual como una amenaza a la pluralidad y a la democracia.
El PRI se presenta como una fuerza opositora que defiende los principios de una democracia robusta, con un sistema de justicia que sirva a todos los ciudadanos por igual. La diputada Guerra hizo un llamado a la unidad y al consenso, abogando por políticas de Estado que realmente promuevan una mejor calidad de vida y no se basen en visiones parciales que buscan imponer una mayoría aplastante.
En este contexto, el coordinador Rubén Moreira dejó claro que el PRI no participará en el debate de la reforma debido a las suspensiones emitidas por jueces. Según Moreira, la propuesta actual no es ni oportuna ni pertinente, y no aporta nada positivo a la justicia en México. Reiteró que la reforma no es democrática ni popular, y carece de claridad en su implementación.
Más allá de las posturas partidarias, la controversia en torno a esta reforma judicial refleja un debate profundo sobre cómo se debe gestionar el sistema de justicia en México. Con la oposición del PRI y las suspensiones judiciales en juego, el futuro de la reforma sigue en la cuerda floja, y la lucha por un sistema judicial justo y equilibrado continúa siendo una prioridad para el país.
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