Por Bruno Cortés
En un giro inesperado en la política económica del país, los diputados federales del PRI dieron un golpe a la Ley de Ingresos 2025, votando en contra del dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Su rechazo se basa en la preocupación de que las políticas contenidas en esta ley son insuficientes, no brindan la certidumbre necesaria para el futuro y, lo que es peor, afectan principalmente a los más pobres, en un contexto complicado por factores externos como la inestabilidad mundial y debilidades internas del gobierno, como la Reforma Judicial y la desaparición de los órganos autónomos.
En un comunicado conjunto, los diputados Emilio Suárez Licona, Emilio Lara Calderón y Yerico Abramo Masso, expresaron su preocupación por lo que consideran una política económica que no ha sido bien recibida por diversos sectores del país. Aseguran que, en lugar de avanzar hacia el fortalecimiento de la economía nacional, lo que se está haciendo es empeorar la situación. En sus palabras, es urgente “enmendar el camino” y poner a los más pobres como prioridad, buscando que la economía se sostenga de manera saludable para beneficiar a toda la población, sobre todo a aquellos que más lo necesitan.
Uno de los puntos más álgidos que señalaron los diputados fue el análisis del Paquete Económico 2025. A su juicio, indicadores clave como la deuda pública, el déficit y la tasa de interés no son sostenibles y podrían poner en peligro la estabilidad financiera de México. En particular, advirtieron que las proyecciones de crecimiento económico, que superan más del doble de lo que estiman expertos y calificadoras, son demasiado optimistas y podrían desatar un panorama complicado si no se cumplen. Según los priistas, este desajuste podría hacer que México pierda su grado de inversión, lo que impactaría directamente en la confianza de los inversionistas extranjeros y en la permanencia del país en los acuerdos comerciales internacionales.
A pesar de este panorama complicado, los diputados priistas también dejaron claro que no están cerrados al diálogo. De hecho, hicieron un llamado a la sensibilidad política y al entendimiento entre las fuerzas políticas para ajustar el rumbo y evitar que la Ley de Ingresos sea un freno para el desarrollo del país.
Pero las críticas no terminaron ahí. Los legisladores del PRI también pusieron en la mesa otro tema clave: el trato al federalismo. Argumentaron que la Ley de Ingresos 2025 no contempla un reparto justo de los recursos para los estados y municipios, que, en comparación con el año pasado, recibirán menos dinero. Para remediar esta situación, los diputados propusieron una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de ajustar la distribución de los recursos. En su propuesta, sugieren reducir el porcentaje que recibe la federación, pasando de un 80% a un 79%, mientras que los estados deberían pasar de recibir el 20% a un 21%. De esta manera, aseguran, se generarían 75 mil millones de pesos extra, los cuales se distribuirían entre los más de 2,400 municipios y las 32 entidades federativas del país.
El PRI ha dejado claro que su visión es nacionalista, en el sentido de que se debe garantizar que el presupuesto llegue de manera justa a todos los rincones del país, sin importar su tamaño o nivel de desarrollo económico. Esto, explican, permitiría que los recursos lleguen de manera equitativa, tanto a los municipios más pequeños como a los más grandes, con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan.
Finalmente, los legisladores priistas hicieron un llamado urgente al gobierno y a las demás fuerzas políticas para que las proyecciones de crecimiento económico que se han planteado se cumplan, ya que, de lo contrario, México enfrentaría la deuda más grande de su historia, lo que pondría en riesgo los recursos públicos del país y afectaría la vida de millones de mexicanos.