Por Juan Pablo Ojeda
La mañana del 12 de septiembre trajo consigo una notable calma en el entorno legislativo mexicano. Los accesos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, que días atrás estaban bloqueados por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, amanecieron despejados. Este cambio en la situación está estrechamente relacionado con la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ahora está en discusión en los Congresos locales antes de su promulgación final por el mandatario.
El periodista Polo Espejel compartió en redes sociales imágenes que mostraban los accesos al Congreso completamente libres, un contraste evidente con los días anteriores cuando los trabajadores del Poder Judicial habían bloqueado estos accesos en un intento por forzar a los legisladores a escuchar sus demandas sobre la reforma judicial.
El desmantelamiento de los plantones, que había impedido el funcionamiento normal de ambos recintos legislativos, llega en un momento crucial. La reforma al Poder Judicial, que ha sido aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores, se encuentra ahora en una fase decisiva. Los Congresos locales están revisando la iniciativa para confirmar su legalidad antes de que el presidente la promulgue oficialmente.
Los trabajadores del Poder Judicial, que habían tomado los accesos el 3 de septiembre, el mismo día en que se iniciaba la discusión del proyecto de reforma, habían tenido que cambiar sus estrategias debido a la imposibilidad de acceder al recinto sin provocar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La sesión de la Cámara de Diputados se realizó en el Complejo Deportivo Magdalena Mixhuca debido a estas circunstancias.
En el Senado, la situación no fue menos tensa. Los manifestantes, que al principio aseguraron que liberarían los accesos para permitir la sesión, terminaron ocupando el recinto en el día de la primera lectura del dictamen. Esta situación llevó a Gerardo Fernández Noroña a declarar un receso y trasladar la sesión a una sede alternativa.
A pesar de la retirada temporal de los manifestantes, los líderes de las movilizaciones han indicado que continuarán su resistencia. Planean recurrir a instancias nacionales e internacionales para intentar frenar la promulgación de la reforma, que consideran lesiva para sus intereses.