Por Bruno Cortés

En un Congreso que pocas veces se caracteriza por los buenos modos, hoy hubo algo poco común: una reunión entre partidos y gobierno que no acabó en gritos. Según contó Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, el encuentro que tuvo la Junta de Coordinación Política con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue respetuoso, democrático y hasta republicano (como les gusta decir en la política).

Pero eso no quiere decir que todo fue miel sobre hojuelas. El motivo principal del encuentro fueron los hechos ocurridos recientemente en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, donde el crimen organizado volvió a exhibir al Estado mexicano. Lixa dejó claro que el país necesita respuestas contundentes, no promesas suaves.

También hubo espacio para otro tema que ha dado de qué hablar: la revocación de la visa de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Aunque todo sigue en el terreno de los rumores, el PAN exigió información clara. “Cuando no hay datos, lo que hay son especulaciones”, dijo Lixa. Y vaya que en la política mexicana sobran teorías cuando faltan explicaciones.

El tema de fondo, sin embargo, va más allá de este caso: también se discutió sobre desaparición forzada, un problema crónico y doloroso en México. El PAN prometió presentar su propia propuesta legislativa la próxima semana, porque el tema ya no puede esperar más.

Y como ya se viene la elección del 1 de junio, no podía faltar la preocupación por la seguridad electoral. Hay zonas del país donde la violencia podría afectar las urnas, y eso no puede pasar desapercibido. Además, desde Yucatán, los panistas también llevaron otra queja: los apagones. Aunque pueda parecer un tema local, es parte de una constante preocupación por los servicios públicos en plena campaña.

Sin embargo, uno de los momentos más duros del mensaje de Lixa fue cuando habló de la reforma en telecomunicaciones. Ahí sí, sin rodeos, advirtió que hay intentos de censura encubierta. Según él, si no se corrige lo que se está planteando, se le dará el poder a una sola persona para decidir quién puede hablar y quién no. Y no dudó en señalar al posible beneficiario: “Pepe Merino”, funcionario de la actual administración capitalina.

“Desde el PAN no vamos a permitir que alguien controle lo que decimos, lo que expresamos y casi hasta lo que pensamos”, remató.

El mensaje es claro: aunque hubo cortesía en la mesa, el PAN no piensa dejar pasar lo que considera excesos del gobierno. La reunión fue una muestra de que el diálogo aún es posible en la política mexicana, pero también dejó en claro que la tensión sigue latente, sobre todo cuando se habla de seguridad, libertad de expresión y elecciones.

La conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo seguirá, pero mientras tanto, cada quien se prepara para el próximo gran momento político: las urnas del 1 de junio. Y en ese camino, todo lo que se diga o calle, pesará.