PAN se opone a reforma presidencialista que amenaza la independencia del Poder Judicial
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
Noemí Berenice Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, ha levantado la voz sobre una de las reformas más discutidas en el Congreso Mexicano: la propuesta presidencialista de reforma al Poder Judicial. En un comunicado reciente, Luna Ayala dejó claro que su partido se opone rotundamente a esta iniciativa del presidente, considerando que es “absurdo” que los nombramientos de ministros, magistrados y jueces dependan de métodos tan poco ortodoxos como el voto popular, tómbolas o propuestas basadas en amiguismo.
La reforma presidencialista busca transformar la forma en que se elige a quienes forman parte del Poder Judicial, pero el PAN sostiene que esta propuesta pone en peligro la independencia y autonomía de dicho poder. Según Luna Ayala, el PAN quiere que se analice su propia propuesta alternativa en la Comisión de Puntos Constitucionales y en el Pleno de la Cámara de Diputados.
El plan del PAN está diseñado para fortalecer el sistema de justicia en México. Entre sus propuestas está la idea de que el 70 por ciento de los integrantes del Poder Judicial provengan de la carrera judicial, con el restante 30 por ciento de la sociedad civil. Además, quieren garantizar la autonomía constitucional del Consejo de la Judicatura Federal y establecer un Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, el cual sería independiente y ciudadano. Este comité sería responsable de hacer las propuestas de ternas para el Senado, en lugar de que éstas provengan del Ejecutivo.
Además, el PAN propone la creación de una Escuela de Formación Judicial y la implementación de jueces sin rostro para proteger la seguridad de los magistrados. También sugiere que la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea elegida por voto popular.
Luna Ayala también hizo un llamado a los legisladores del oficialismo para que no cedan ante la presión del Ejecutivo y la presidenta electa. Según ella, aprobar la reforma presidencialista significaría un golpe a la democracia, debilitando la División de Poderes y los sistemas de pesos y contrapesos que mantienen el equilibrio en el país.
El impacto de esta reforma no solo se siente en el ámbito nacional. Sectores políticos, económicos y bancarios de México, así como Canadá y Estados Unidos, han señalado que debilitar al Poder Judicial podría tener consecuencias graves para la economía, las relaciones internacionales y la estabilidad democrática del país.
