CDMX a 1 de abril, 2025.- El Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la senadora de Morena, Andrea Chávez, acusándola de enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia, respaldada por la dirigencia nacional y estatal del PAN, señala que Chávez habría recibido financiamiento irregular para una presunta campaña anticipada rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

Según el PAN, el empresario Fernando Padilla Farfán, vinculado a contratos públicos por más de 2,500 millones de pesos, habría financiado las llamadas «Caravanas de Salud» y otros esfuerzos promocionales de la senadora. Estas actividades incluyen espectaculares colocados en diversas partes del estado, lo que, según los denunciantes, constituye una violación a las leyes electorales.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que estas acciones buscan sentar un precedente contra el uso indebido de recursos públicos y privados en campañas políticas. «Esto no es un juego, es una cosa muy seria. Acción Nacional no permitirá que se abuse de la confianza del pueblo», declaró.

Por su parte, Chávez ha defendido que los recursos provienen de donaciones del sector empresarial, aunque el PAN asegura que estas no han sido reportadas ante las autoridades fiscales. El abogado panista Roberto Gil Zuarth calificó el caso como «el robo perfecto», argumentando que los fondos destinados a servicios médicos fueron desviados para fines políticos.

La denuncia incluye 15 delitos del fuero federal y podría derivar en el desafuero de la senadora, dependiendo de las investigaciones de la FGR. Este caso pone en el centro del debate el uso de recursos en campañas políticas y la transparencia en el manejo de fondos públicos y privados.

Mientras tanto, el empresario Fernando Padilla Farfán, señalado como pieza clave en este esquema, también enfrenta cuestionamientos por su relación con contratos millonarios en otros estados, lo que amplía el alcance de las investigaciones.

El desenlace de este caso será crucial para determinar si se refuerzan las medidas contra la corrupción y el uso indebido de recursos en México, especialmente en un contexto político cada vez más polarizado.