La discusión sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se está poniendo buena, y no precisamente por avances positivos. El diputado Miguel Ángel Monraz, del PAN, dejó claro que aunque el Gobierno Federal ya reculó en algunos artículos polémicos de la propuesta —como el 109, el 201 y el 202—, eso no significa que la libertad de expresión esté a salvo. Para él, el problema sigue vivo y con riesgo de empeorar.

En conferencia con medios, Monraz explicó que el hecho de eliminar algunos artículos no borra el riesgo de fondo: la concentración del control de las telecomunicaciones en manos del Ejecutivo, a través de una Agencia Digital que no es autónoma y que depende directamente de la Presidencia. Es decir, si el presidente en turno decide qué se transmite o cómo se regula internet y radio, entonces no hay libertad de expresión que aguante.

Monraz preside la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados y participó en un foro donde varios especialistas también criticaron duramente esta reforma. Todos coinciden en que el problema no se resuelve quitando un par de párrafos; la estructura del proyecto sigue centralizando decisiones clave que deberían estar en manos de órganos independientes.

Y aunque se ha invitado al Congreso a funcionarios como José Antonio Peña Merino, quien encabeza la Agencia de Transformación Digital, y a Jenaro Villamil, responsable del Sistema Público de Radiodifusión, ninguno ha dado la cara para debatir o explicar directamente la reforma. Esto ha encendido más focos rojos: ¿por qué no vienen a defender su propuesta si dicen que es tan buena?

Monraz también fue claro en que su comisión defiende la libertad de expresión y el derecho a la información como ejes fundamentales, y no piensa permitir que una institución subordinada al Ejecutivo decida qué puede o no decirse en los medios, mucho menos en internet. “Queremos medios públicos al servicio del Estado, no al servicio de quien ocupa el poder”, dijo, sin rodeos.

La propuesta ya está en el Senado, donde se jugará el siguiente capítulo de esta historia. Por lo pronto, desde San Lázaro, el mensaje del PAN es que no basta con maquillajes legales. Si el gobierno quiere reformar la ley, tiene que hacerlo con transparencia, diálogo y, sobre todo, sin intentar controlar lo que pensamos, vemos o decimos. Porque quitar tres artículos no basta si el problema está en todo el diseño.