Por Juan Pablo Ojeda
En un giro que mezcla deporte, política y seguridad nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció públicamente este jueves que no sabía que el boxeador Julio César Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión activa en México desde 2023, acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la noticia la tomó por sorpresa: “Personalmente no tenía conocimiento (de la orden). Ayer cuando salió la noticia nos comunicamos con la FGR y el fiscal Gertz me confirmó que sí existía la orden de aprehensión en México”, comentó con franqueza.
De acuerdo con la presidenta, la carpeta de investigación contra Chávez Jr. se abrió en 2019 y la orden fue otorgada en 2023, pero no se había podido ejecutar porque el boxeador pasaba la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Fue justamente en ese país donde las autoridades lo detuvieron el pasado 2 de julio en Studio City, California, días después de su mediática pelea en Los Ángeles contra Jake Paul.
Sheinbaum detalló que actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) está trabajando en coordinación con agencias estadounidenses para que el deportista sea deportado a México y enfrente la justicia por los delitos que se le imputan. “Se espera que pueda cumplir su sentencia aquí. En eso está trabajando la Fiscalía”, afirmó.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) confirmó la detención y lanzó una acusación contundente: vincula a Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa, organización que incluso ha sido designada como grupo terrorista por la administración del expresidente Donald Trump.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, no dejó espacio a matices: “Este afiliado del Cártel de Sinaloa, con una orden de arresto vigente por tráfico de armas, municiones y explosivos, fue arrestado por ICE. Bajo la presidencia de Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los atletas de fama mundial”.
Este caso ha generado una fuerte sacudida mediática, no solo por el perfil público de Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, sino por lo que implica políticamente: la colaboración binacional para perseguir delitos de alto impacto, el poder persistente de los cárteles y, especialmente, el hecho de que una figura pública con tanta visibilidad estuviera bajo investigación sin conocimiento de la presidencia.
Aun con la información en curso, este episodio revela algo importante: la seguridad nacional y la justicia penal en México siguen cruzándose con los reflectores del deporte y el espectáculo, en un país donde las redes del crimen organizado no conocen fronteras, y donde cada vez es más difícil separar lo mediático de lo institucional.
La pregunta ahora es cuánto más sabrá la FGR y qué tan profunda es la red en la que estaría implicado Chávez Jr., y si su deportación se convertirá en el inicio de un juicio mediático… o de algo más grande.
