Por Juan Pablo Ojeda
La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha encendido un debate candente en México. Esta propuesta, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea que jueces y ministros sean elegidos por voto popular, en lugar de ser designados por instancias tradicionales.
La reforma ha generado controversia y ha sido foco de críticas tanto de opositores como de actores políticos clave. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ha respondido a las declaraciones de AMLO con un mensaje claro: “El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario, solo defiende la Constitución e imparte justicia.” Esto surge tras que el presidente cuestionara la capacidad de la Corte para aceptar ciertos trámites, lo que provocó que Piña defendiera la independencia del órgano judicial en un video publicado en redes sociales.
Lo reiteramos presidente y que quede claro: "El Poder Judicial Federal no es oposición política, no es adversario, solo defiende la Constitución e imparte justicia” Norma Piña
SCJN pic.twitter.com/NcyoOVSDqz— Norma Piña ® (@_NormaLuciaP) August 27, 2024
La reforma propone que, en un proceso que se iniciaría en 2025, los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir a la mitad de los jueces y ministros de la SCJN, con una segunda tanda de elecciones en 2027 para completar el proceso. Este enfoque busca, según AMLO y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, una mayor rendición de cuentas y una conexión directa con el pueblo. Sheinbaum argumenta que es preferible que el pueblo elija a los ministros en lugar de la Cámara de Senadores, buscando un sistema que refleje más fielmente la voluntad popular.
La propuesta ha sido llamada por algunos como una amenaza para la democracia, ya que podría politizar aún más un órgano que se supone debe operar con total autonomía. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ha defendido la reforma como una medida para fortalecer la transparencia y la responsabilidad dentro del sistema judicial.
La discusión se centra ahora en si este cambio fortalecerá el sistema judicial o si, por el contrario, podría erosionar la independencia de los jueces y la estabilidad del sistema legal en México. La reforma avanza en un contexto de creciente tensión entre los diferentes poderes del gobierno y plantea preguntas cruciales sobre la dirección futura de la justicia en el país.