Por Bruno Cortés

El ambiente político en México se ha encendido ante la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla con su orden ejecutiva de clasificar a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, aseguró que, en caso de que esto ocurra, será necesario realizar una reforma constitucional para garantizar que el país no sea sometido a una invasión por parte de Estados Unidos.

Monreal explicó que esta ley, que data de 1790, permite a Estados Unidos invadir cualquier país que represente una amenaza para su democracia. En este sentido, consideró que si esta clasificación de los cárteles se lleva a cabo, podría abrir la puerta a una posible intervención estadounidense en México, lo que representaría una grave violación a la soberanía nacional.

El legislador de Morena también recalcó que el Congreso no está dispuesto a aceptar esta categoría para los cárteles mexicanos, ya que, además de ser una intromisión en los asuntos internos del país, tendría consecuencias económicas. Según Monreal, muchas empresas extranjeras que habían considerado invertir en México podrían reconsiderar su decisión por las implicaciones de que el país sea percibido de esa manera.

“Seremos firmes en el combate al crimen organizado, pero nunca aceptaremos que se nos catalogue de esa forma, ya que tendría efectos negativos para nuestra economía, afectando la inversión extranjera”, destacó el presidente de la Jucopo en una conferencia de prensa desde Mérida, Yucatán.

En cuanto a las posibles medidas que tomará el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum también ha hablado del tema, y aunque ha afirmado que se mantendrá un diálogo con las autoridades estadounidenses, subrayó que México no se someterá a ninguna presión externa. “México es un país libre, independiente y soberano. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, sentenció la mandataria.

Sheinbaum, además, indicó que se está llevando a cabo un análisis jurídico sobre las posibles implicaciones de esta decisión para México. Considera que podría generar problemas económicos para algunas organizaciones mexicanas, pero advirtió que si se confirma la amenaza, se planteará una estrategia con el gobierno estadounidense para tratar de mitigar el impacto.

Aunque el gobierno de Estados Unidos aún no ha divulgado qué cárteles específicamente serían clasificados como terroristas, se ha dado un plazo de dos semanas para definir cuáles serían las organizaciones afectadas. El gobierno mexicano, por su parte, se mantiene firme en su postura de no permitir que esta clasificación tenga consecuencias graves para su soberanía o economía.