México registra una víctima de extorsión cada 48 minutos

México registró 3 mil 631 víctimas de extorsión entre enero y abril de 2026, un promedio de una persona afectada cada 47.6 minutos, según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 30 de abril.
La cifra corresponde únicamente a víctimas incluidas en registros ministeriales integrados por las fiscalías estatales. No representa todas las extorsiones cometidas en el país, debido a que una parte considerable de los casos no se denuncia o no deriva en una carpeta de investigación.
Extorsión en México | Cifras y contexto
Entre enero y abril de 2026 se registraron 3,631 víctimas, un promedio de una cada 47.6 minutos. La cifra oculta alcanza el 97% según ENVIPE 2025. La extorsión es el tercer delito más frecuente.
Víctimas registradas (enero – abril 2026)
Comparativo anual: 2015 vs 2025
Cifra oculta de la extorsión (ENVIPE 2025)
Tasa de extorsión (2024) y ranking nacional
Acciones del gobierno federal
- Número 089 – Denuncias anónimas
- Cancelación de líneas telefónicas usadas para extorsión
- Unidades especializadas en entidades federativas
- Estrategia Nacional contra la Extorsión – 6 de julio de 2025
- Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión – publicada el 28 de noviembre de 2025
- Modificaciones a disposiciones penales y procesales
Limitaciones de los datos
Las cifras del SESNSP corresponden únicamente a víctimas incluidas en registros ministeriales integrados por las fiscalías estatales. No representan todas las extorsiones cometidas en el país debido a la cifra oculta (97%). Tampoco permiten determinar cuántos casos terminaron en sentencia ni desglosar por modalidad (cobro de piso, llamadas, amenazas digitales, etc.).
Los reportes muestran un aumento durante los primeros cuatro meses del año. En enero se contabilizaron 725 víctimas; en febrero, 779; en marzo, mil 47; y en abril, mil 80. Este último mes concentró la cifra más alta del periodo.
El promedio diario entre enero y abril fue de 30.3 víctimas registradas. La lectura correcta del dato es que las autoridades tuvieron conocimiento de al menos una víctima cada 48 minutos, no que esa sea la dimensión total de la extorsión en México.
El fenómeno ya había cerrado 2025 con cifras elevadas. Durante ese año, el registro nacional acumuló 11 mil 81 víctimas de extorsión. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que el total fue 78.1 por ciento superior al observado en 2015, cuando se contabilizaron 6 mil 223 casos.
La distancia entre los registros oficiales y la magnitud estimada del delito aparece en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó que la extorsión tuvo una cifra oculta de 97 por ciento durante 2024.
La cifra oculta incluye delitos que no fueron denunciados o que no derivaron en una investigación ministerial. No debe confundirse automáticamente con impunidad: el indicador demuestra un subregistro severo, pero no permite determinar cuántos casos denunciados terminaron en sentencia.
La misma encuesta colocó a la extorsión como el tercer delito más frecuente del país durante 2024, con una tasa estimada de 5 mil 971 eventos por cada 100 mil habitantes. Solo fue superada por el fraude y por el robo o asalto en calle o transporte público.
El Gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025. El plan incluye el número 089 para denuncias anónimas, la cancelación de líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito y la creación de unidades especializadas en las entidades federativas.
El marco legal también fue modificado. El 28 de noviembre de 2025 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con cambios en otras disposiciones penales y procesales.
Los datos disponibles permiten dimensionar el problema, pero todavía no muestran con precisión cuántos casos corresponden a cobro de piso, llamadas telefónicas, amenazas digitales u otras modalidades. Tampoco permiten establecer cuántas denuncias llegaron ante un juez o concluyeron con una sentencia.
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