Por Juan Pablo Ojeda

El Gobierno de México reafirmó este martes su compromiso con la transparencia y la protección de los datos personales, tras anunciar que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) será absorbido por la Secretaría de la Función Pública. La medida es parte de una reforma constitucional que busca transformar la estructura del gobierno y reducir los costos administrativos, sin comprometer los principios de acceso a la información y protección de datos.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno asumirá el 80% del trabajo que realizaba el INAI, pero con solo el 35% del presupuesto que tenía la institución. De acuerdo con Sheinbaum, esto permitirá una mejora en la eficiencia, manteniendo el mismo nivel de transparencia y seguridad de los datos personales, pero con un considerable ahorro en recursos públicos.

«Como ven, se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI», aseguró la presidenta.

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un paquete de iniciativas que serán enviadas al Congreso para su aprobación. Estos proyectos forman parte de la reforma constitucional que desaparecerá formalmente al INAI. La funcionaria federal subrayó que, aunque la estructura administrativa cambiará, el derecho de acceso a la información continuará vigente. Además, se mantendrán las obligaciones de transparencia y los mecanismos legales para defender este derecho en caso de incumplimiento.

«El 80% del trabajo que hacía el INAI se va a recaer en la Secretaría de Anticorrupción, pero lo podemos atender con solo el 35% de la estructura, es decir, tendremos un ahorro del 65% en costos», afirmó Buenrostro, destacando la eficiencia que se logrará con esta reestructuración.

La secretaria también garantizó que la Plataforma Nacional de Transparencia será preservada y regulada por ley, lo que proporcionará un marco legal para la protección de la información pública y la seguridad de los datos personales.

Esta reforma se considera una parte clave de los esfuerzos del gobierno para garantizar una administración pública más ágil y menos costosa, sin perder de vista el respeto a los derechos de los ciudadanos en términos de transparencia y privacidad de datos.