Luisa María Alcalde es criticada por falsa acusación sobre amparos por vacunación
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
Luisa María Alcalde Luján, lideresa nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha visto envuelta en una controversia tras hacer una afirmación errónea sobre el Poder Judicial en relación con los amparos interpuestos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. En recientes declaraciones, Alcalde acusó a los jueces de haber obstaculizado la vacunación al emitir amparos para evitar su aplicación, una afirmación que rápidamente fue refutada por varios usuarios de redes sociales y expertos en la materia.
La primera vez que Alcalde hizo esta declaración fue el 9 de noviembre durante una asamblea en Veracruz. Días después, el 10 de noviembre, reiteró su acusación en un evento público en Chihuahua. «Un Poder Judicial que puso todos los obstáculos y los amparos para que no hubiera vacunación contra el Covid», afirmó en Veracruz, y repitió: «Tampoco se nos va a olvidar cuántos amparos interpusieron para evitar la vacunación contra el Covid» en Chihuahua.
Sin embargo, estas declaraciones no se corresponden con los hechos. Durante la emergencia sanitaria, lo que en realidad ocurrió fue que los jueces emitieron amparos que obligaron al gobierno a vacunar a sectores vulnerables que no estaban incluidos en el plan de vacunación inicial. En lugar de frenar la vacunación, los amparos impulsaron la ampliación de la cobertura, logrando que se incluyera a grupos como menores de edad y personal médico de hospitales privados, quienes en un principio estaban excluidos de la campaña.
Varios usuarios de redes sociales, entre ellos el abogado Luis Eliud Tapia, salieron a refutar la declaración de Alcalde. Tapia escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter): «Esta mentira es de las más bajas que he escuchado. Lo que ocurrió fue lo contrario. Con los amparos, se ordenó al gobierno vacunar a los niños y al personal médico.»
En efecto, la ciudadanía recurría al Poder Judicial para obtener la vacuna cuando el gobierno mantenía un plan de vacunación segmentado que limitaba el acceso a los menores de edad y a los trabajadores de hospitales privados. La situación se complicó aún más debido a la lenta y desorganizada distribución de las vacunas, que en algunos casos dejaba fuera a grupos vulnerables.
De hecho, en 2021, el entonces subsecretario de Salud Hugo López-Gatell criticó duramente a las madres y padres que habían solicitado amparos para que sus hijos pudieran ser vacunados. A pesar de los intentos del gobierno de minimizar las demandas sociales, el Poder Judicial desempeñó un papel crucial en la expansión de la campaña de vacunación.
La respuesta del Poder Judicial fue contundente, y en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino directamente. El 27 de junio de 2022, la Corte determinó que la omisión de vacunar a los menores de 5 a 11 años, así como a los adolescentes de 12 a 17 años, ponía en grave riesgo su salud ante la propagación del Covid-19. En su resolución, la SCJN exhortó a las autoridades sanitarias a que, a la brevedad, aplicaran el esquema completo de vacunación para los menores de edad, subrayando la responsabilidad del gobierno para proteger la salud pública.
Las declaraciones de Luisa María Alcalde no solo han sido mal recibidas en redes sociales, sino que también han generado críticas sobre su intento de tergiversar los hechos. El hecho de que la SCJN haya respaldado la necesidad de vacunar a los menores a través de amparos muestra un panorama completamente diferente al que Alcalde presentó en sus discursos.
En resumen, la mentira de Alcalde no solo ha sido desmentida por hechos, sino que también ha puesto en evidencia el papel crucial que desempeñaron los jueces mexicanos en la protección de la salud pública, a través de decisiones que obligaron al gobierno a vacunar a sectores de la población que, de otro modo, habrían quedado desprotegidos.
