CDMX a 16 de agosto, 2024.- El diputado Leonel Godoy Rangel, miembro del partido Morena, ha manifestado su preocupación por la creciente problemática de la extorsión en México, especialmente en los municipios de Apatzingán y Buenavista, Michoacán. Durante una rueda de prensa, Godoy expresó su solidaridad con los productores de limón de estas regiones, quienes han denunciado ser víctimas de extorsión por parte del crimen organizado.
Godoy resaltó la importancia de incluir la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, argumentando que es una medida necesaria para combatir eficazmente este flagelo que afecta a diversos sectores del país. «Ayer aprobamos en la Comisión de Puntos Constitucionales reformas a la Carta Magna para que delitos graves como la extorsión, el narcomenudeo, y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, sean castigados con prisión preventiva oficiosa», declaró el diputado.
El diputado por Michoacán subrayó que la extorsión, y en particular el cobro de piso, es un problema complejo que requiere una acción conjunta y coordinada entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. «Fortalecer la inteligencia y la investigación es crucial para perseguir este delito», añadió Godoy, haciendo un llamado a las autoridades competentes para que actúen de manera decidida contra las organizaciones delictivas que operan en la región.
Los productores de limón de Apatzingán han señalado a las organizaciones criminales que los han estado extorsionando, y Godoy espera que las autoridades tomen medidas inmediatas contra los responsables. «Mi solidaridad está con los limoneros de Apatzingán. Los autores de estos delitos deben ser detenidos, ya que están flagelando a esa zona del país», enfatizó.
La aprobación de estas reformas constitucionales marca un paso importante en la lucha contra la extorsión en México, un delito que no solo afecta la economía de los productores locales, sino que también representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas. Con esta medida, se espera que se refuercen los esfuerzos para enfrentar el crimen organizado y proteger a quienes trabajan honestamente en el país.