Por Juan Pablo Ojeda
La tarde del 23 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión crucial en el caso de Mario Aburto, el asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Con el voto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, se determinó que Aburto permanecerá en prisión, dejando sin efecto su intento por recuperar la libertad a través de un amparo que había sido concedido por un Tribunal Colegiado del Estado de México.
El caso había estado en un limbo judicial desde el 25 de septiembre, cuando la votación en la Primera Sala de la SCJN resultó en un empate, con dos votos a favor y dos en contra de revocar el amparo. Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz Ahfl votaron por desechar el amparo, que cuestionaba la condena de 45 años de prisión impuesta a Aburto en diciembre de 1994. Esta decisión de la corte, si se hubiera aceptado, habría abierto la puerta a una nueva sentencia conforme a las leyes estatales.
Por el contrario, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se manifestaron a favor de confirmar el amparo, lo que dejó el asunto sin resolución. “Con motivo del empate en la votación, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que se solicite la designación de una Ministra o un Ministro de la Segunda Sala para que se integre a la discusión y votación del asunto”, explicó Gutiérrez Ortiz Mena en aquel momento.
Finalmente, el caso fue turnado a la ministra Lenia Batres, quien emitió el voto decisivo. Su decisión no solo mantiene a Aburto tras las rejas, sino que también instruye una reposición en el procedimiento de amparo. Esto permitirá que las víctimas del delito, es decir, la familia de Colosio, sean llamadas a juicio, asegurando que su voz y experiencia sean consideradas en el proceso.
La resolución de la SCJN subraya la importancia de la justicia en un caso que marcó la historia política de México, pues el asesinato de Colosio en 1994 aún resuena en la memoria colectiva del país. A medida que el proceso avanza, las implicaciones de esta decisión seguirán siendo objeto de debate y análisis en el ámbito político y judicial.