Por Bruno Cortés
La reciente sesión en el Senado trajo una sorpresa que algunos ven como necesaria y otros, como una jugada peligrosa. Se trata de la reforma de la llamada «supremacía constitucional», que no solo ha levantado cejas, sino también preguntas sobre lo que significa realmente «inamovible» en términos legales.
Era una mañana típica en el recinto legislativo, hasta que Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, se puso de pie. Con su característico estilo directo, anunció que el pleno había dispensado la primera lectura del dictamen que cambiaría el rumbo del control constitucional en México. La reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución estaba sobre la mesa y, si todo salía como se esperaba, esa misma mañana se discutiría y aprobaría en una tercera sesión.
Esta reforma plantea algo que, en términos sencillos, es como ponerle candado a las reformas constitucionales. Sí, así como lo oyes: lo que se apruebe como reforma a la Constitución no podrá ser impugnado ni mediante acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales. En otras palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya no podrá meter la cuchara en las reformas que el Congreso decida hacerle a la Carta Magna.
La ley sobre la ley
¿De qué va exactamente? Pues resulta que esta reforma propone que las modificaciones a la Constitución estén fuera del alcance de los amparos y demás acciones judiciales. Es decir, si el Congreso aprueba un cambio en la Constitución, por muy polémico que sea, no habrá forma de detenerlo en los tribunales. Esto es algo que ya suena a blindaje legislativo, ¿no crees?
El argumento principal de los legisladores que impulsan esta reforma, sobre todo de Morena, es que necesitan evitar que el Poder Judicial frene las reformas que el Congreso aprueba. El juicio de amparo, por ejemplo, se vuelve improcedente para cualquier reforma constitucional. Y, claro, se escudan en que esto ya está alineado con lo que dice la Ley de Amparo, pero lo cierto es que, si pasa, será un cambio monumental.
Apoyos y críticas: la lucha en el Senado
Del lado oficialista, el respaldo a esta iniciativa es evidente. Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que esta reforma era esencial para fortalecer el marco jurídico del país. Según él, no se trata de «saltarse» las reglas, sino de clarificarlas para evitar que cualquier reforma constitucional pueda ser suspendida o paralizada por acciones legales.
Sin embargo, del otro lado de la moneda, la oposición no se ha quedado callada. Marko Cortés, líder del PAN, calificó el proceso como un «albazo legislativo». Y es que no es cualquier cosa: aprobar un cambio de tal magnitud en una sesión matutina sin dar espacio para un debate amplio levanta sospechas. «Están tratando de cerrarle el paso al Poder Judicial y evitar que se revisen sus reformas», señalaba con tono crítico Cortés, mientras otros legisladores de su bancada asentían.
¿Qué sigue?
Si esta reforma se aprueba, el equilibrio de poderes en México podría sufrir un giro considerable. Ya no habría manera de cuestionar las reformas constitucionales, lo que, en un país tan dinámico políticamente como el nuestro, tiene implicaciones profundas. Podría cambiar el modo en que el Poder Legislativo y el Judicial interactúan, limitando las vías legales para frenar cambios controversiales.
Es un paso audaz que, dependiendo de cómo lo mires, fortalece al Congreso o lo aísla de cualquier control judicial. La pregunta que queda en el aire es: ¿será este blindaje legislativo una garantía para avanzar sin trabas o el principio de un cerrojo judicial que podría acabar afectando a todos?