Por Bruno Cortés
La escena parece sacada de una novela surrealista, pero es tan real y cruda como puede ser. La familia de Jesús Gutiérrez, periodista asesinado el año pasado en Sonora, vuelve a ser blanco de una situación que, paradójicamente, debería haber evitado: la agresión. Tres de sus hijos, quienes viven bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fueron violentamente atacados en su propia casa. Y no por cualquiera, sino por quienes, en teoría, deberían ser guardianes de la seguridad en el país: militares.
Lo ocurrido podría resumirse en un solo cuestionamiento: ¿cuándo proteger significa violentar? Pero vamos por partes, que esta historia tiene detalles que ponen en perspectiva el complicado rol de las fuerzas armadas en México y el problemático sistema de protección para periodistas.
Contexto: Una Protección con Amenaza de Muerte
Desde que el asesinato de Gutiérrez cimbró al estado de Sonora, sus hijos viven bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para Periodistas, un programa que, en teoría, debería garantizarles seguridad. Sin embargo, el ataque que sufrieron en su hogar pone en duda la efectividad de un sistema que no solo no protege, sino que, en este caso, parece haber servido como carta blanca para la agresión.
Los militares, alegando que los jóvenes “lucían sospechosos,” ingresaron con violencia a la casa y los sometieron a golpes. ¿Su justificación? Uno de los hijos de Gutiérrez llegó en un vehículo que les pareció sospechoso, y al ver acercarse a los soldados, los jóvenes cerraron la puerta apresuradamente. Esa acción bastó para desencadenar una respuesta que, a todas luces, representa un uso excesivo de la fuerza.
La Cultura de la Sospechosidad: Juzgados por su Apariencia
Lo que parece ser una constante en el discurso de seguridad nacional es la idea de “la sospecha.” En un país donde las percepciones pesan tanto como los hechos, lucir nervioso, cerrar rápido una puerta o vivir en una zona “caliente” puede ser razón suficiente para ser sometido y agredido. Este caso es un claro ejemplo de lo que los críticos llaman «cultura de la sospechosidad,» donde cualquier acción puede interpretarse como motivo de intervención agresiva. ¿El problema? Ese mismo enfoque genera un ciclo de violencia y miedo que termina por afectar, paradójicamente, a los más vulnerables: quienes deberían ser protegidos.
Militares y la Guerra Contra el Crimen: ¿Enemigos del Pueblo?
El incidente en Sonora vuelve a poner bajo la lupa el papel de las fuerzas armadas en la vida civil. En los últimos años, la militarización de la seguridad pública ha sido objeto de un debate feroz. Se busca frenar la violencia, pero cuando esta misma violencia se desborda sobre ciudadanos inocentes, la legitimidad de la intervención militar se desmorona. Así como en este caso, los militares están en el centro de una serie de acusaciones por abusos de poder, y aunque existen políticas que les permiten actuar en casos de “sospecha razonable,” es difícil justificar el maltrato a jóvenes cuya única falta fue ser hijos de un periodista asesinado.
El Paradojal Mecanismo de Protección
En un país donde el periodismo es una de las profesiones de mayor riesgo, el Mecanismo de Protección se presenta como un escudo institucional. Sin embargo, este caso revela que, en vez de representar una red de apoyo, el sistema parece ser insuficiente y, peor aún, inseguro. La familia Gutiérrez no presentó una denuncia formal debido al temor de represalias, una reacción que pone en evidencia el ambiente de desconfianza y miedo en el que se desenvuelven quienes deberían estar protegidos por el Estado.
Conclusión: La Paradoja de la Protección en México
La agresión contra los hijos de Jesús Gutiérrez es un llamado de alerta sobre cómo en México, la línea entre la protección y la agresión parece haberse desdibujado. Este no es solo un caso aislado; es una radiografía de un país donde, a pesar de los esfuerzos en seguridad, los riesgos para periodistas y sus familias no se disipan, sino que parecen aumentar.
El miedo y la desconfianza están tan presentes que ni siquiera los mecanismos diseñados para salvaguardar a los más vulnerables cumplen su propósito. Quizás la solución no esté solo en reestructurar los mecanismos de protección, sino en cuestionar profundamente el papel de las fuerzas armadas en la vida civil y en dar el paso hacia políticas de seguridad que respeten la dignidad de todos, sin presunciones y sin sospechas que justifiquen la agresión.
Una sociedad que no puede proteger a sus periodistas y sus familias, ¿cómo podrá algún día ofrecer seguridad a toda su gente?