Por Bruno Cortés
En el frío amanecer de una ciudad estadounidense, las sombras de la incertidumbre se alargan sobre los rostros de aquellos que llegaron buscando refugio y oportunidades. Migrantes de Cuba, Haití, Venezuela, y Nicaragua, quienes una vez celebraron su entrada legal al país a través de la aplicación CBP One, ahora enfrentan una realidad cruda. La administración de Donald Trump, apenas horas después de su juramentación, ha decidido revertir lo que muchos consideraban una promesa de estabilidad y legalidad.
La aplicación CBP One, desarrollada durante la administración Biden, era vista como una luz al final del túnel para muchos. Permitió a más de un millón de personas esquivar el peligroso y a menudo mortal viaje por la frontera, ofreciéndoles una cita en un puerto de entrada donde podrían solicitar asilo o parole humanitario. Ahora, con el nuevo memorando de ICE, esos permisos que antes significaban seguridad se han convertido en un billete de vuelta a la incertidumbre.
En las calles de Newark, donde una redada del jueves pasado levantó polvareda, las conversaciones entre los migrantes son de temor y desconcierto. «Nos dijeron que estábamos seguros, que podíamos trabajar y construir una vida aquí», comenta Rosa, una migrante venezolana, mientras abraza a su hija pequeña. La amenaza de deportación expresa no solo significa el regreso a condiciones peligrosas en sus países de origen, sino también la separación de familias que ya han comenzado a echar raíces en suelo estadounidense.
Para muchos, la paradoja es palpable: haber seguido las reglas, haber esperado pacientemente por una cita, y ahora enfrentarse a la posibilidad de ser deportados sin un proceso judicial completo. Los defensores de los derechos de los migrantes han alzado la voz, argumentando que esta política viola los derechos fundamentales de aquellos que buscaban protección legal. «Esto no es justicia, es una persecución», declara un abogado de inmigración en una conferencia de prensa en Chicago, donde se planea una protesta masiva.
El eco de las deportaciones exprés no solo resuena en las comunidades migrantes sino también en las ciudades santuario, que ahora deben navegar por aguas turbulentas. Los alcaldes de estas ciudades, como el de Chicago, han prometido seguir siendo un refugio para los migrantes, pero las nuevas directrices de ICE ponen a prueba su resolución y capacidad para proteger a quienes viven en sus límites.
En las oficinas de organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los migrantes, los teléfonos no paran de sonar. Abogados y trabajadores sociales se apresuran a informar y asesorar a aquellos afectados, buscando vías legales para oponerse a las deportaciones. «Estamos revisando cada caso, buscando cualquier resquicio que pueda ofrecer una oportunidad», explica una trabajadora social en una entrevista improvisada, con el sonido de fondo de una impresora escupiendo formularios de apelación.
La comunidad migrante, que una vez se sintió acogida por una política de puertas un poco más abiertas, ahora se encuentra en un limbo legal. Mientras tanto, la política de deportación relámpago de Trump no solo desafía el legado de Biden en materia de inmigración, sino que pone de relieve las divisiones profundas sobre cómo debería manejarse la inmigración en Estados Unidos. Para muchos, el sueño americano se ha transformado en una pesadilla de papeles y deportaciones, donde la legalidad de su entrada no es garantía de permanencia.
