Por Bruno Cortés
Desde su primer mandato, Donald Trump ha sido conocido por su enfoque restrictivo hacia la migración, y su reciente victoria electoral ha reavivado el temor de deportaciones masivas. Durante su campaña, Trump no solo prometió continuar con las políticas estrictas de deportación sino que también habló de expandirlas significativamente. Pero, ¿cómo se traducirían estas promesas en acciones concretas?
El número de deportaciones durante la administración Biden ya fue notable, alcanzando un récord de 271,484 en el año fiscal 2024. Esto fue en parte debido a políticas como el Título 42, que permite la expulsión rápida de migrantes por razones de salud pública. Sin embargo, Trump ha señalado que su objetivo es ir mucho más allá, hablando abiertamente de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.
La cuestión aquí no es solo la voluntad política, sino la capacidad logística y legal para llevar a cabo tal iniciativa. La deportación masiva implica no solo la identificación y detención de inmigrantes sino también un sistema judicial de inmigración que ya está saturado. Según datos de CONAPO, alrededor de 390,000 mexicanos emigran anualmente a Estados Unidos, lo que sugiere una población migrante considerable que podría ser objetivo de estas políticas.
Las causas de deportación son diversas, desde el ingreso ilegal hasta delitos graves. Trump ha mencionado específicamente la deportación de «criminales» y «delincuentes», una retórica que, aunque no nueva, podría intensificarse. Sin embargo, implementar esta política a gran escala requeriría no solo un aumento en la financiación y personal de agencias como ICE sino también una reforma en la legislación migratoria para facilitar estos procesos.
Otro aspecto crítico es la cooperación internacional. Con México siendo un punto de tránsito para aproximadamente 1.7 millones de migrantes anuales hacia Estados Unidos, el papel del gobierno mexicano será pivotal. Recientes declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sugieren una disposición a colaborar como «centro de deportación», lo cual podría facilitar la logística de las deportaciones masivas de Trump.
La retórica de Trump, sin embargo, enfrenta desafíos legales y humanitarios. La promesa de deportar a inmigrantes que han vivido en Estados Unidos por años, incluidos aquellos con situaciones familiares complejas, podría enfrentar resistencia legal y social. Además, el impacto en las comunidades y la economía estadounidense donde muchos de estos inmigrantes trabajan es un tema de preocupación.
A pesar de estos desafíos, la administración de Trump podría intentar usar órdenes ejecutivas para acelerar el proceso de deportación, una táctica que usó durante su primer mandato. Estas medidas podrían incluir la reintroducción de políticas como «Quédate en México» o la ampliación del uso de la remoción expedita, que permite la deportación sin una audiencia judicial completa.
En conclusión, aunque la posibilidad de deportaciones masivas bajo Trump parece más una cuestión de «cuándo» que de «si», la ejecución de tal política enfrentará obstáculos significativos. La realidad de estas promesas dependerá de la capacidad de la administración para navegar el complejo entramado legal y social de la inmigración en Estados Unidos.
