Por Bruno Cortés

En un escenario cada vez más complicado, la titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Alma Patricia Sam Carbajal, se presentó en la Cámara de Diputados para dar cuenta del estado actual de la institución que lidera. En su comparecencia, reveló que se están llevando a cabo investigaciones en relación a serias acusaciones de corrupción y falta de transparencia dentro del INAI, lo que ha generado gran preocupación tanto en la opinión pública como en el ámbito político.

Sam Carbajal se mostró cautelosa ante las preguntas de los medios sobre los recientes señalamientos, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había reportado casos de extorsión y nepotismo dentro del INAI, específicamente sobre cómo se manejó su presupuesto durante 2023. Sin embargo, la funcionaria aclaró que aún no tenía los detalles suficientes para emitir una declaración definitiva. La ley, subrayó, le obliga a mantener la confidencialidad de los temas que están en proceso de investigación. «Por lo pronto, no puedo pronunciarme en ningún sentido hasta que no haya resultados», comentó con firmeza.

El contexto detrás de esta comparecencia es aún más complejo, ya que la propia existencia del INAI está en juego. Sam Carbajal mencionó que el proceso de extinción del INAI está avanzando y que en un futuro cercano, las funciones del instituto pasarán a otras entidades, principalmente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que será la encargada de seguir con las investigaciones y garantizar que los servidores públicos involucrados en actos de corrupción sean sancionados. Este cambio se da en el marco de una serie de reformas que buscan reestructurar la administración pública en México, lo que ha generado tanto apoyo como oposición en diversos sectores de la sociedad.

Aunque la funcionaria aseguró que la extinción del INAI es un hecho, advirtió que eso no significa que las personas involucradas en posibles irregularidades queden exentas de sanciones. El hecho de que los servidores públicos dejen de ser parte del INAI no implica que se les libere de las consecuencias de su actuar. Según la ley, cualquier funcionario que haya cometido faltas graves puede ser sancionado incluso después de dejar su cargo.

Por ahora, los ojos están puestos en cómo se desarrollará el proceso de extinción del INAI y en si las investigaciones sobre corrupción y mal manejo de los recursos públicos realmente llegarán a una conclusión que dé respuesta a la creciente inquietud de la sociedad mexicana respecto a la transparencia y la lucha contra la corrupción en el gobierno.