Por Juan Pablo Ojeda
La Corte Penal Internacional (CPI) ha expresado su rotundo rechazo a la reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones a funcionarios de este tribunal internacional, advirtiendo que tales medidas afectan gravemente su labor judicial y su imparcialidad. Esta decisión se produce en el marco de una serie de investigaciones de la CPI sobre crímenes de guerra en Palestina y Ucrania, que han incluido la emisión de órdenes de arresto contra funcionarios israelíes y rusos, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
La CPI emitió un comunicado destacando que se mantiene firme en su misión de brindar justicia a millones de víctimas de atrocidades a nivel global. La institución destacó que la sanción impuesta por Washington busca castigar las investigaciones del tribunal, las cuales incluyen la investigación de crímenes de guerra en Gaza, además de la situación en Ucrania y la deportación de niños ucranianos a Rusia, por la cual Putin enfrenta un mandato de arresto.
El presidente Trump argumentó que la CPI ha actuado de manera «ilegítima» al emprender acciones legales contra funcionarios estadounidenses e israelíes, añadiendo que las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Galant, son infundadas. En respuesta, la CPI instó a sus 125 Estados Parte, así como a la sociedad civil y otras naciones, a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales.
Esta confrontación se da en un contexto más amplio, en el que Estados Unidos ha demostrado un compromiso ambiguo con la rendición de cuentas en situaciones internacionales. Mientras que Washington apoya las investigaciones sobre los crímenes de guerra rusos en Ucrania, mantiene una postura más defensiva respecto a las acusaciones contra Israel.
La orden ejecutiva de Trump implica restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para los funcionarios de la CPI, así como para sus familiares inmediatos, si están involucrados en investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de EE. UU. tendrá 60 días para presentar una lista de personas adicionales que podrían verse afectadas por estas medidas.
La CPI, creada bajo el Estatuto de Roma, tiene la misión de juzgar crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión. Sin embargo, importantes países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros del tribunal, lo que limita la efectividad de sus decisiones sobre estos estados y sus aliados.
