Por Bruno Cortés
Hace unos días, la diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, se sumó al debate sobre cómo combatir la violencia y el narcotráfico en México, al expresar su apoyo a la idea de declarar a los cárteles de droga como grupos terroristas. Esta propuesta no es nueva, ya que desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, su gobierno promovió esta medida como parte de una estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales que, según el mandatario estadounidense, representan una amenaza para la seguridad global.
López Rabadán, conocida por sus posturas firmes en contra del crimen organizado, publicó en sus redes sociales (X, antes Twitter) que está de acuerdo con considerar a los cárteles como terroristas, ya que a su juicio, “generan terror” al cometer delitos tan graves como homicidios, secuestros, extorsiones y, por supuesto, el tráfico de drogas. En su mensaje, la legisladora hizo una encuesta a los usuarios de la red social para conocer la opinión del público, y los resultados fueron claros: un 94.5% de los votantes se pronunció a favor de combatir a los cárteles, mientras que solo un 5.5% se mostró a favor de un enfoque más blando, en el que se les “abrace”.
Pero esta idea no es exclusiva de López Rabadán. Marko Cortés, líder del PAN y actual senador, también se ha sumado a la propuesta. El mes pasado, Cortés criticó la estrategia actual del gobierno mexicano frente al narcotráfico, mencionando que, a pesar de los esfuerzos, la violencia en el país ha ido en aumento. Según Cortés, los ataques de los cárteles, como los coche bomba que explotaron en Guanajuato y Guerrero, deberían ser clasificados como terrorismo para abrir la puerta a una colaboración internacional más eficaz, especialmente con países como Estados Unidos. Y no solo eso, sino que argumenta que debería ser México quien declare a los cárteles como terroristas, pues la problemática es interna y afecta directamente a la población.
Lo que está en juego aquí es la seguridad nacional, pero también la imagen de México frente al resto del mundo. La pregunta que surge es si este enfoque más agresivo sería la solución para frenar la violencia que está afectando tanto a la sociedad mexicana como a la economía. Mientras algunos, como López Rabadán y Cortés, creen que esta clasificación abriría la puerta a una lucha más coordinada y con más recursos, otros temen que sea un paso más hacia una militarización de la seguridad pública.
De cualquier forma, el debate está abierto. Y más allá de lo que piensen los políticos, la respuesta de la gente parece clara: lo que más quieren es que los cárteles sean combatidos de manera efectiva. La idea de “combatir” a los cárteles gana terreno, mientras que la opción de dialogar o “abrazar” a estos grupos queda en segundo plano. ¿Será que esta medida realmente cambiará el rumbo de la seguridad en México? Solo el tiempo lo dirá.
